Pese a haberse decretado la salida de prisión bajo fianza de 20.000 euros del exlíder de Joves Socialistes de Elche acusado de consumir y distribuir pornografía infantil, la investigación continúa abierta por lo que aún no se descartan nuevos cargos para el acusado. Este es, precisamente, otro de los argumentos de la Fiscalía para solicitar su reingreso en prisión. A día de hoy, aún está pendiente el volcado de los ordenadores y de los dispositivos incautados el día de la detención, tras el registro de su domicilio. La fiscal advierte que este volcado puede arrojar nuevos datos a tener en cuenta, y que el acusado puede tener acceso a esta información en el momento en el que se le ha puesto en libertad.

Hasta el momento, existe copia en los juzgados, por parte de la Policía Nacional, de varios vídeos y conversaciones de un conocido programa de mensajería e intercambio de material audiovisual, pero no se ha examinado la totalidad de los dispositivos, tan solo parte de lo encontrado en un portátil, propiedad de Alejandro Díaz.

Asimismo, se reitera que el hecho de haber salido de prisión puede conllevar la reiteración delictiva, pues tal y como recuerdan desde la Fiscalía «este tipo de ilícitos penales tienen a la repetición de estas conductas tan reprochables». Una buena prueba de ello es que, desde que se iniciaron las investigaciones en mayo de 2016, «el investigado ha estado consumiendo y distribuyendo material de pornografía infantil de contenido atroz y denigrante, sin que su conducta haya cesado en ningún momento. Más bien todo lo contrario, porque no solo llevaba a cabo estas conductas de descarga y distribución, sino que además, participaba de forma constante en chats de contenido pedófilo, haciendo manifestaciones grotescas, tales como que había abusado sexualmente de varios menores, que le gustaba el sexo con niños de cero a tres años y las violaciones», según recoge el recurso de la fiscal.

Por tanto, habrá que esperar unos días para conocer si el detenido continúa en libertad, a la espera de juicio o, si por el contrario, reingresa en prisión, tal y como solicita la Fiscalía, ya que se enfrenta hasta a nueve años de prisión. No en vano, para este delito la pena mínima son cinco años.