La tendencia positiva que trazan los datos del paro en el primer semestre del año colisiona frontalmente con la oculta realidad que presenta la economía sumergida en cualquiera de sus vertientes. Esta lacra, que vicia el mercado laboral de la provincia, se extiende ya por la amplia mayoría de los sectores productivos, aunque es el calzado el que sigue portando la bandera de la «clandestinidad». Sólo durante el primer semestre del año, la Inspección Provincial de Trabajo ha derivado a Fiscalía más de diez casos de pymes o micropymes en las que más del 50% de la plantilla se encontraba trabajando sin estar dada de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
La mayor parte de infracciones detectadas tanto por los sindicatos como por la Inspección de Trabajo se concentran en empresarios de pequeños talleres a las que las grandes marcas subcontratan parte de su producción. La mayoría de estas faltas se resuelven por la vía administrativa, aunque las irregularidades derivados a Fiscalía podrían incluso alcanzar la vía penal, con posibles penas de prisión de entre seis meses y seis años. En este contexto, la Inspección de Trabajo ha mantenido distintas reuniones durante el último mes con representantes comarcales de UGT y CC OO en aras a poner coto y estrechar la vigilancia sobre esta contratación fraudulenta de trabajadores.
Trabajo ha llegado a detectar casos de talleres donde ningún trabajador estaba dado de alta, una situación que confirma la tesis que sostiene la secretaria general de CC OO en el área del Vinalopó y Vega Baja, Carmen Palomar. «En el sector del calzado sigue existiendo un número importante de trabajadores sin ningún tipo de contrato», asegura Palomar, quien cifra la economía sumergida en la zona en un 30%. Esto sitúa a la comarca tres puntos por encima de los datos ofrecidos para el conjunto del territorio autonómico por el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, y según los cuales la Comunidad tiene un 27 % de su economía sumergida. En este contexto, solo a lo largo de 2016 afloraron 11.000 empleos irregulares entre las provincias de Alicante, València y Castellón, cifras que sacan a la luz una creación paralela de infraempleos a la sombra de la recuperación económica.
Sectores más afectados
Este mal endémico que sufren muchos empleados del calzado es compartido por trabajadores de la amplia mayoría de sectores productivos, haciéndose especialmente visible en el de la hostelería durante la temporada estival. Esta circunstancia llevará a la Inspección de Trabajo a visitar alrededor de 200 negocios hosteleros a lo largo de este verano en busca de posibles irregularidades, especialmente en la costa.
«Lo que está pasando es brutal. Esta temporada estival se están visualizando unos abusos tremendos y escandalosos en los negocios de hostelería», asegura Ismael Senent, secretario general del sindicato UGT en el Vinalopó, Vega Baja y la Muntanya, «aprovechándose de la necesidad que tienen muchos trabajadores de llevar unos ingresos a casa». Así, Senent denuncia que muchos camareros o cocineros estén trabajando este verano «sin estar dadas de alta o contratadas dos horas cuando en realidad realizan jornadas de catorce». «En la época estival lo que se nota mucho son los contratos a tiempo parcial y que la gente trabaja a tiempo completo, principalmente en la hostelería», confirma su homóloga en CC OO, Carmen Palomar.
La zona de los valles del Vinalopó, tal y como asegura Palomar, es otro de los puntos donde en estas fechas se concentra parte de la economía sumergida de la comarca. «Ahora mismo se está embolsando la uva y se están dando situaciones de contrataciones a tiempo parcial, cuando la gente trabaja de sol a sol, y de trabajadores sin contrato», afirma.
Las empleadas del hogar también sufren los efectos de estas injusticias laborales. «En verano repunta por el tema de los apartamentos turísticos y, salvo que sea través de una empresa, la mayoría no están dadas de alta», delata Carmen Palomar.
