08 de julio de 2017
08.07.2017
Para intentar revertir los embargos

El Consell se aferra a un informe que dice que IFA es un consorcio público para intentar revertir los embargos

Climent sostiene que la institución no tiene carácter privado y confía en que en unos días se levanten los bloqueos

08.07.2017 | 01:18
El Consell se aferra a un informe que dice que IFA es un consorcio público para intentar revertir los embargos

El pleno del Gobierno valenciano da luz verde a iniciar los trámites para asumir la deuda, de unos 70 millones.

Nunca ha acabado de estar clara la naturaleza de la Institución Ferial Alicantina (IFA). La indefinición ha sido total desde el principio, porque está en el límite de lo público y lo privado. Con los estatutos en la mano, sería una asociación sin ánimo de lucro, y, como tal, está inscrita en el registro pertinente. Ahora bien, el presidente del máximo órgano de dirección, el patronato, es el conseller de Economía, y prácticamente todas las administraciones tienen representación en mayor o en menor medida. Y eso sin contar que en los últimos años la feria ha recibido hasta 60 millones de euros entre créditos concedidos o avalados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y ha habido pagos a proveedores que se han abonado con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Con estos puntos de partida, el conseller de Economía, Rafa Climent, se aferró ayer a un informe jurídico que apunta a que el recinto es un consorcio y, por eso, según defendió tomando como referencia la Ley 14/2003 de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, sería patrimonio público e inembargable.

Climent se expresó en estos términos en la comparecencia posterior al pleno del Consell, en el que el Ejecutivo valenciano dio el visto bueno para acelerar la hoja de ruta para rescatar IFA y asumir la totalidad de la deuda, que se sitúa en los 70 millones. Lo que se busca es garantizar su viabilidad. Si hace un mes se hablaba de que el plan de salvación se activaría en 2018, los últimos acontecimientos han obligado a la Generalitat a pisar el acelerador. «Todo va a ser más rápido de lo que pensábamos», llegó a afirmar Climent. Se da así, como se ha mantenido desde el principio, la misma solución que a Feria València, con la salvedad de que allí el agujero es de unos 1.000 millones de euros.

Fue en este marco en el que Climent se sacó de la manga ese informe jurídico que, en principio, se quiere utilizar como base de los recursos que se van a presentar contra los dos embargos de esta semana, que han dejado al recinto con las cuentas a cero y sin liquidez. Por un lado, está el de Suma por los 375.000 euros que se adeudan al Ayuntamiento de Elche por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) impagado desde el año 2012. Por otra parte, está el notificado posteriormente por el Juzgado de Instrucción número 2 de Elche, después de que el despacho Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros SL haya pedido la ejecución de la sentencia que condenaba al recinto a pagar 1,8 millones de euros, más 561.111 euros en concepto de intereses y costas por el macroproyecto de urbanización que nunca llegó a acabarse.

Ante esta situación, y una vez puestos sobre la mesa los principales argumentos de ese informe jurídico, el conseller de Economía se mostró contundente: «Veremos si en el transcurso de los próximos días somos capaces de que nos devuelvan lo que nos han embargado y somos capaces de marcar una hoja de ruta clara para solucionar el tema de IFA lo antes posible», sentenció. De hecho, la intención es que los 805.000 euros de IBI que se deben en total entren en un plan de pago a ocho años, como se había negociado. Respecto a los 2,3 millones de euros que se adeudan al arquitecto, se quieren abonar con cargo al FLA extraordinario, si llega en breve, tal y como se había negociado inicialmente.

En cualquier caso, Climent no dejó pasar la ocasión y, dentro del fuego cruzado de la última semana, cargó especialmente contra Suma y la Diputación de Alicante por el embargo del IBI impagado. Ya no sólo recriminó que se ejecutara, «cuando más o menos habíamos llegado a un acuerdo», dijo literalmente en alusión al plan de pago a ocho años que se había acordado con el Ayuntamiento. «No entendemos por qué alguno se ha precipitado y ha apretado el botón, dejando a IFA sin un euro, y dificultando que se puedan seguir pagando los sueldos y a los proveedores», proclamó Climent.

Era evidente que el tirón de orejas iba para la institución provincial. «No sabemos quién lo pide, pero quien ejecuta el embargo es Suma y Suma es Diputación de Alicante». Dicho esto, instó al Ayuntamiento y a la Diputación a que se sienten con un cometido muy claro: que rectifiquen y echen para atrás el embargo. Apeló, en este sentido, a la supervivencia de una institución que «es un agente dinamizador de la economía», según apostilló Rafa Climent.

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