Los pufos de la anterior etapa le están saliendo caros, muy caros, a la Institución Ferial Alicantina (IFA). Cuando aún no se había repuesto del embargo por la deuda de 375.000 euros por el IBI pendiente de abono desde el año 2012, la entidad se enfrenta ahora a otro embargo, en este caso, después de que la firma de València Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros SL haya pedido la ejecución de la sentencia que condenaba al recinto ferial a pagar 1,8 millones de euros, a lo que se sumarían las costas y los intereses. La cúpula de la institución recibió ayer mismo la notificación del auto del juzgado de Instrucción número 2 de Elche, en el que le da diez días de plazo para cumplir con la condena. Por ello, a últimas horas de ayer, se convocó otro comité de dirección de urgencia, el segundo en lo que va de semana, para buscar soluciones. En principio, parece que lo que se baraja es aportar solares por el valor de lo que se pide en la sentencia. Si la situación ya era de por sí complicada, con una falta de liquidez total y absoluta, y una deuda que se sitúa en el entorno de los 70 millones, ahora el escenario se vuelve más negro.
No en vano, la notificación cayó como un jarro de agua fría en la cúpula de la entidad. De hecho, parece ser que incluso el Consell había llegado a mediar para que el estudio de arquitectura aceptara cobrar los importes adeudados con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), aunque, en este caso, un FLA extraordinario. En cualquier caso, y más allá de lo acordado, el principal temor en los últimos días, tanto en Elche como en València, era que el embargo de IFA por parte de Suma llevara a que otros proveedores a los que se les adeuda dinero, entre ellos el propio arquitecto valenciano, a seguir el ejemplo, y abocaran a la institución a más situaciones de este tipo. Sin embargo, todo se ha precipitado antes de lo que esperaban los más agoreros.
La sentencia llegaba después de que la firma del arquitecto José María Tomás Llavador -técnico de cabecera del PP, en particular para los recintos feriales si se tiene en cuenta que también se encargó de las obras de Feria València- demandara a IFA en 2014. Lo hacía por el macroproyecto de ampliación inacabado. La institución llegó a abonar 5,4 millones de euros por los estudios de la nueva urbanización, pero se negó a abonar las últimas 13 facturas, alegando que no se había entregado lo contratado. Al final, el juzgado encargó un informe a un perito externo en el que se certificó que los proyectos entregados por el despacho de arquitectos eran «completos, viables y ejecutables», y que la mayoría de deficiencias en las que se escudaba la defensa de la feria eran inexistentes, aunque se falló que sólo se abonaran 1,8 millones de los 5,4 millones que se solicitaban desde la firma. Ahora, tras recibirse el auto, la cuenta atrás para el segundo embargo en una semana ha comenzado.
