El alcalde Elche, Carlos González, ha encontrado en su homólogo de Alicante, Gabriel Echávarri, un aliado en el problema que se ha generado en IFA, tras el embargo de 375.000 euros que adeuda el recinto ferial al Ayuntamiento de Elche por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) desde el año 2012. Así lo puso en evidencia el regidor alicantino ayer por la mañana, durante su comparencia con motivo de la posesión de los nuevos policías en Alicante. No entró en si la culpa es del Ayuntamiento ilicitano o de la Diputación. Ahora bien, el mensaje que lanzó fue claro: «Que no olvide Suma que el cliente es el Ayuntamiento de Elche, y si el Ayuntamiento de Elche dice una cosa Suma debe acatarlo», sentenció Echávarri. Dicho esto, pidió que el director de Suma y el alcalde de Elche se sienten para encontrar una solución a este problema. A esas alturas, aún no se sabía nada del otro embargo al que se enfrenta la institución. Gabriel Echávarri, en cualquier caso, justificaba meterse en este charco alegando que IFA es «fundamental» para la provincia y para la ciudad de Alicante. A modo de ejemplo, citó el mundial de veteranos de tenis de mesa que se celebró en el recinto ferial, y con el que se llenaron todos los hoteles de Alicante durante esos días.
Por su parte, el alcalde de Elche, Carlos González, volvía a pronunciarse en los mismos términos en los que lo ha hecho en los últimos días, especialmente después de que el vicepresidente de la Diputación, diputado de Hacienda y máximo responsable de Suma, Alejandro Morant, responsabilizara al Ayuntamiento ilicitano del embargo de IFA. En palabras del regidor ilicitano, las reacciones de Morant, dijo literalmente, «solo son una cortina de humo para eludir la responsabilidad de Suma y de la propia Diputación en una decisión errónea y perniciosa para los intereses de la economía provincial». En este sentido, subrayó que «la obligación del diputado de Hacienda y del presidente de la Diputación no es hacer declaraciones altisonantes sino trabajar con seriedad para buscar una solución a un problema que ha generado el exceso de celo y una interpretación dogmática de la legislación». Respecto al hecho de que no se pidiera la avocación de la delegación del expediente, el alcalde simple y llanamente se limitó a decir que «nunca se ha solicitado la avocación, desde el año 1997, porque, cuando se ha producido un problema, ha habido diálogo y soluciones, pero en este caso ha habido diálogo y ninguna solución». Para González, la única salida sigue pasando por estimar el recurso de reposición para revertir esta situación. Además, ya está negociando con el conseller de Economía, Rafa Climent, promover algún tipo de bonificación en los sucesivos recibos del IBI de forma temporal y transitoria.
