El Ayuntamiento de Santa Pola se va a personar como acusación particular no solo en el caso del presunto amaño de contratos en la compra de uniformes para la Policía Local y Protección Civil, sino también en el del derrumbe del colegio Hispanidad del año 2013 y por el cual se investiga a la arquitecta municipal, a la anterior edil de Urbanismo, Lola Gadea, y a otra arquitecta externa. También lo hará en el asunto de una clínica de Gran Alacant, donde trabajaba una hermana del anterior alcalde, Miguel Zaragoza, y con sospechas sobre una licitación irregular.
La alcaldesa de la villa marinera, Yolanda Seva, confirmaba ayer que el equipo de gobierno ha valorado la situación del Ayuntamiento en ambas causas y, finalmente, hay una intención firme, tras solicitar un presupuesto a un gabinete jurídico externo, de personarse para tener acceso a toda la documentación, sobre todo después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Elche haya levantado el secreto del sumario.
En esta investigación se han visto implicadas al menos tres empresas y siete personas, entre ellas el jefe de la Policía Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza; el exconcejal de Seguridad, Antonio Pérez Huerta; otros dos oficiales, Roque Alemañ y Pascual Llinares, presidente y expresidente del Club de Atletismo de Santa Pola; otro agente, arrestado el pasado viernes, así como empresarios de Redován.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana indican que la investigación, ejecutada con arrestos desde el pasado miércoles por funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, con sede en Alicante, trata de confirmar efectivamente si parte o todas estas personas han incurrido en presuntos delitos de falsedad documental, fraude, prevaricación o malversación.
El Ayuntamiento santapolero ha puesto a disposición de la UDEF documentación adicional y albaranes desde el año 2012 hasta la actualidad en donde se recogen anotaciones de la adquisición de prendas oficiales. Paralelamente, la autoridad judicial solicitó recibos de la recepción de prendas y un inventario de ropa.
Lo que se pone en duda es si los contratos que se firmaron cumplían desde el inicio de los expedientes con todos los visos de legalidad, es decir, si no se fraccionaron para que las adjudicaciones pudieran realizarse de manera directa. Incluso se especula con que se realizaran pagos sin haber entregado finalmente toda la mercancía en principio contratada.
El ejecutivo no descarta todavía apartar temporalmente del servicio a los agentes que fueron detenidos entre el miércoles y el viernes. Quieren conocer el contenido del sumario antes de tomar una decisión clara al respecto.
Responsables municipales señalan que no les va temblar la mano a la hora de incoar expedientes, si así fuera necesario, e incluso apartar de sus actuales funciones a personal municipal.
En cuanto al caso del derrumbe parcial del colegio Hispanidad, en el que nueve niños resultaron heridos mientras permanecían en su aula de cuarto de Primaria, el Ayuntamiento también avanza su deseo de personarse como acusación particular para tener acceso a todas las diligencias. A la arquitecta municipal se la investiga, según ha podido saber este diario, por un supuesto delito contra los trabajadores y otro de lesiones por imprudencia grave. Según el equipo de gobierno, la técnico, a la que además se le ha abierto un expediente informativo municipal, podría haber realizado un acceso no autorizado a documentación.
