Boquiabiertos. Así se quedaron ayer muchos de los agentes de la Policía Local de Santa Pola. Se trataba del sector al que directamente salpicaba la operación de la UDEF, y, además, muchos de los agentes vieron en primera persona cómo se llevaban arrestados a su intendente jefe, José Miguel Zaragoza, y a uno de los oficiales, Roque Alemañ, también presidente del club de Atletismo, .

A este golpe se sumaron los posteriores registros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en las mismas instalaciones policiales. Algo que acabó generando en el inmueble sentimientos que iban de la sorpresa al desconcierto a partes iguales.

El sentimiento mayoritario era el de que nadie se esperaba lo que estaba ocurriendo. Así, en mitad del nerviosismo y de una intensa jornada marcada por los recientes cambios de direcciones en las calles de Santa Pola, agentes de la Policía Local también se desplazaron al Ayuntamiento, donde, además, hubo registros.

De hecho, la Casa Consistorial no quedó al margen de la presencia de los agentes de la UDEF y los comentarios comenzaron a rodar rápidamente por todos los corrillos del Ayuntamiento.

Otro de los frentes donde calaba de lleno la operación policial de ayer fue en el Club de Atletismo de Santa Pola, organizador de una prueba de carácter internacional y de prestigio como es la Media Maratón. Y es que esta entidad también había tenido vinculación con otro de los investigados, el oficial de la Policía Local Pascual Linares, que también es expresidente de esta organización deportiva.

Es más, precisamente para ayer estaba programada la celebración de la asamblea general del club, con el objetivo de dar cuenta, detallar todas las actividades desarrolladas por la institución durante este año y presentar el nuevo proyecto deportivo para 2018. No obstante, después de los últimos acontecimientos, el actual presidente no asistió al acto. Alegó motivos personales.

No obstante, desde el club, su secretario, Pedro Jesús Cerdá, quiso dejar claro que la detención del actual responsable de la entidad deportiva por presuntas irregularidades «atañen a su función como Policía Local y son ajenas al Club de Atletismo de Santa Pola», por lo que descartaron tomar medidas al respecto. Al menos por el momento.

Desde que cambió de color el Ayuntamiento de Santa Pola, las relaciones entre la organización deportiva y el actual equipo de gobierno han sido muy tensas.

De hecho, en los últimos meses no hizo más que crecer esta tirantez al no llegarse a un entendimiento para la organización del calendario de las pruebas que la entidad deportiva venía realizando de manera tradicional, como son la Volta a Peu y la 10K Internacional Villa de Santa Pola y la Triatlón. El club decidió cancelarlas y argumentó problemas por «la situación en la que se ha puesto a la entidad deportiva» por parte del Consistorio.

Precisamente, desde la entrada del nuevo Ejecutivo local, la relación del club con Yolanda Seva;, la concejal de Deportes, María Dolores Tomás; y los concejales de Infraestructuras, Francisco Soler y el de Hacienda, Ignacio Soler han sido muy complicadas.

A ello hay que sumar la «guerra abierta» entre estos dos últimos concejales no adscritos con el Partido Popular de Santa Pola. Y es que el juez estimó en abril la resolución que interpuso, precisamente, el PP de la localidad costera, para retirar las competencias a estos ediles tránsfugas de Ciudadanos. Ahora, los populares trabajan ya en una doble respuesta ante la apelación del equipo de gobierno de Santa Pola a ese fallo judicial.