Dos hombres se encuentran en busca y captura (inicialmente uno de ellos estaba declarado en rebeldía) después de desconocer su paradero y no presentarse ayer en el juicio de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial desplazada a Elche, en el que, junto a un tercero, que sí se personó, iban a ser juzgados por un delito de estafa continuada y otro contra los derechos de los trabajadores, en concreto a 75 inmigrantes durante los años 2004 y 2005.
La sesión se tuvo que celebrar solo con este último, aunque de inmediato hubo conformidad de la partes. Inicialmente el Ministerio Fiscal solicitó cuatro años de prisión por estafa continuada y una multa de diez meses a razón de seis euros por día, así como tres años de cárcel y ocho meses de multa por la misma cantidad citada por el delito contra los derechos de los trabajadores.
No obstante, debido a que los hechos a juzgar se produjeron hace más de tres años, en concreto a principios de la pasada década, cabía aplicar el atenuante de dilación indebida (la lentitud de la Justicia ha hecho que el juicio se celebre doce años después).
Tras estar de acuerdo las distintas partes, se estableció que el acusado presente aceptara la pena de cuatro meses de cárcel y una multa de 15 días a razón de cinco euros por el delito de estafa continuada, y de un año de prisión y tres meses de multa (también de cinco euros) por atentar contra los derechos de los trabajadores, con lo que en suma se queda en un año y nueve meses de prisión, pero evitando ésta. Eso sí, siempre condicionado a que haga efectivo el pago de la cuantía correspondiente en lo que se refiere a la indemnización económica a los estafados.
Y es que, cuando los efectivos policiales tuvieron conocimiento de que se estaban cometiendo presuntamente los delitos, se consiguió decomisar una importante cantidad de dinero, que en buena parte haría frente a las indemnizaciones contempladas.
Antes de la sesión, se constató que no solo dos de los tres acusados estaban ilocalizables, sino que incluso algunos de los inmigrantes afectados tampoco habían podido ser hallados.
La sala tenía previsto enjuiciar a los tres hombres, uno de ellos responsable de una empresa dedicada a la recogida de fruta de Orihuela, que ofrecían trabajo a inmigrantes y pedían hasta 2.000 euros para tramitarles los permisos de residencia. El gerente ofrecía a los ciudadanos extranjeros una oferta de empleo y, según mantiene la Fiscalía, les proponía la tramitación de los permisos necesarios para residir y trabajar en España, a cambio del pago de diferentes cantidades de dinero, entre 400 y 2.000 euros, para abonar gastos burocráticos. Los otros dos acusados se encargaban de contactar con las víctimas y realizar parte de los trámites.
