La guerra contra la economía sumergida emprendida por sindicatos y la Inspección de Trabajo está muy lejos de ganarse, pese a que iniciativas como el portal de denuncias anónimas puesto en marcha por Comisiones Obreras del Vinalopó y la Vega Baja ha permitido sacar a las luz 80 casos de irregularidades. En su mayoría, se trata de trabajadores sin dar de alta o que cuentan con menos horas sobre el papel de las que realizan en su jornada, pero también de casos de vertidos ilegales.
En el año que lleva en marcha, la página web ha recibido cerca de 250 casos. La interposición de estas denuncias se realiza de forma totalmente anónima. Una vez recibidas, desde CC OO hacen una primera investigación para comprobar la veracidad de los hechos denunciados y determinar si efectivamente se están produciendo irregularidades, y entonces derivan los casos a la Inspección de Trabajo o a la Policía Autonómica, que también cuenta con potestad para comprobar licencias, revisar que se cuenta con permisos administrativos y demás papeleo. De hecho, desde el sindicato mantienen una estrecha colaboración con una unidad policial para tratar los casos en los que consideren que se están produciendo estas irregularidades. La ventaja de contar con un organismo policial más allá de los inspectores cobra especial importancia cuando los hechos denunciados van más allá de la vulneración de los derechos de los trabajadores. Uno de los responsables de tramitar y gestionar estas denuncias, Antonio Ferrández, cuenta que «nos llega de todo. Hemos tenido casos en los que lo que se denuncia es que las empresas realizan vertidos tóxicos. De hecho, ahora mismo se está investigando uno de ellos. También desmantelamos un matadero que no contaba con ningún tipo de control sanitario».
Pese a que pueda parecer paradójico, la leve mejora de la economía no lleva consigo un descenso de esta economía sumergida, al contrario. Ferrández señala que va en aumento y que, con la llegada del verano, se dispara, sobre todo en la hostelería y en la construcción, especialmente en la Vega Baja. Estudiantes que trabajan en bares y cafeterías para cubrir vacaciones o reforzar los servicios en la época estival son los mayores perjudicados. En Elche, donde la economía sumergida ha estado tradicionalmente ligada al calzado, estas prácticas, señalan desde CC OO, se han extendido a otros sectores. Gracias, en parte, a que «hemos aceptado este tipo de situaciones. La gente lo ve como algo normal. De lo que hay que concienciar es de que aceptar este tipo de trabajos hace que tengamos eso, un trabajo. Y no es lo mismo un trabajo que un empleo», asegura el sindicalista. La principal diferencia es que con el segundo hay una serie de derechos cubiertos, como la cotización a la jubilación, que muchas veces y al ser algo que solo afecta a largo plazo pasa desapercibido. Pero también el derecho a prestación por desempleo al finalizar el contrato, a tener una baja laboral o a tener cubiertas las espaldas en caso de accidentes.
Esa aceptación entre empresarios y trabajadores es más palpable aún cuando se ve a pie de calle. Durante su labor, sindicatos e inspectores han visto prácticamente de todo para eludir la ley. Desde cámaras en talleres y fábricas clandestinas para detectar una posible inspección, hasta vigilantes con móviles en los alrededores. Aunque nada tan sorprendente como el hecho de contar con sistemas de aviso a la plantilla para evacuar en caso de que la Inspección de Trabajo llame a sus puertas. «En el polígono de Carrús detectamos un caso en el que, en una de las salidas, había aparcado un camión de estos grandes de frío. Dentro de la nave había una luz roja que, si se encendía, obligaba a los trabajadores a meterse dentro del camión y marcharse. Otra fábrica en Elda, por ejemplo, contaba con una rampa que llevaba a un escalera escondida, donde había que esconderse en caso de aviso». Tan increíble como cierto.
«Prefieren pagar multas»
La picaresca de los empresarios a la hora de mantener a gente sin contrato no tiene límites. Muchos, asegura Ferrández, «prefieren pagar la multa en el caso de que les pillen». Un empresario con diez trabajadores sin dar de alta se ahorra, defraudando las cuotas de la Seguridad Social, 3.600 euros. En un año son 43.200 euros. A esto se suma el hecho de que, al tenerlos clandestinos, «se puede incumplir el convenio y, si dice que hay que pagar 800, se pueden pagar 600». Por lo tanto, el ahorro es mayor.
Sin embargo, hay que denunciar, ya que, en la mayoría de casos, la denuncia contribuye a regularizar la situación y, si se demuestra el tiempo trabajado en la empresa, algo relativamente fácil, el empresario está obligado a abonar con carácter retroactivo la cotización a la Seguridad Social por todos los años trabajados en B. Además, en la mayoría de casos la mercantil está obligada a realizar contratos indefinidos y, en el caso de despidos, pueden ser declarados nulos u obligar a pagar toda la antigüedad adquirida. Aunque también se dan casos en los que son los propios trabajadores quienes piden cobrar sin cotizar, también por necesidad. «Con 426 euros de paro la gente no puede vivir. La economía sumergida ha sido el colchón para muchas familias. Si cobran 400, y de paro otros 400, ya hacen 800, porque, si les dan de alta para dos semanas o un mes, pierden el subsidio, y no interesa».
