Vivir en un edificio construido antes de 1981, contar con un informe de evaluación técnica del edificio y estar al corriente de las obligaciones tributarias. Estos serán algunos de los requisitos por los que deberán pasar los ilicitanos para hacerse con una ayuda municipal y minimizar así el coste de la rehabilitación de sus viviendas u obras de accesibilidad.

¿Cómo? Los usuarios que reúnan los requisitos tendrán que presentar sus solicitudes en las diferentes instalaciones de la Oficina Municipal de Atención Ciudadana (OMAC) repartidas por la ciudad. ¿Cuándo? Dos meses después de que el Ayuntamiento publique la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOP), con lo que presumiblemente será a partir de septiembre. A partir de ahí, el plazo para resolver las prestaciones por parte del Consistorio será de seis meses.

De manera extraordinaria, el Ejecutivo local ha reservado una partida total de 300.000 euros para tratar de dar un empujón a aquellos vecinos de Elche residentes en edificios que precisen una rehabilitación. Estas ayudas serán, finalmente, compatibles con las subvenciones que tradicionalmente otorga el Ministerio de Fomento o la Generalitat Valenciana.

El tripartito ha recogido así el guante de Ciudadanos por Elche, que había realizado la propuesta para dar luz verde a que las prestaciones de las tres administraciones públicas sean compaginables. Ahora bien, los inmuebles que hayan sido levantados después de 1981 no tendrán opciones para acceder a estas ayudas. El Ayuntamiento ha establecido en esta fecha el límite al apreciar que los edificios anteriores a esta época seguían unas normas menos restrictivas y exigentes para su construcción, por lo que presentan más deficiencias.

Para entrar en la criba, los solicitantes tendrán que ser comunidades de propietarios o agrupaciones de propietarios de inmuebles de uso residencial colectivo de todo el término municipal de Elche. Los fondos tendrán que ir destinados únicamente a la conservación de edificios en obras relacionadas con la cimentación o la estructura o bien en la eliminación de barreras arquitectónicas.

Además, al menos el 70% de las viviendas tendrán que ser el domicilio habitual y permanente de sus propietarios. No obstante, excepcionalmente, se admitirán sin cumplir los requisitos anteriores los edificios que presenten daños estructurales y en los que una o más personas habitantes de las viviendas sean mayores de 65 años o con diversidad funcional acreditada. La intención inicial es que esas prestaciones municipales puedan cubrir, como mínimo, el 15% de los gastos de la rehabilitación. Aunque todavía habrá que esperar para la entrada en vigor de las ayudas, las instalaciones de Pimesa, donde se va a abrir una Oficina de Información y Rehabilitación, ya ha comenzado a asesorar a los ciudadanos interesados, así como a los profesionales y empresas del sector sobre las opciones existentes para llevar a cabo la regeneración de edificios.