La campaña de escolarización está en marcha, y las familias que no han conseguido plaza escolar para sus hijos en su primera opción han tenido en los últimos días la oportunidad de presentar reclamaciones en los colegios, al estar en desacuerdo con el primer reparto de plazas educativas.
Muchas de estas quejas se están registrando en los colegios concertados, donde hay menos oferta de plazas y mayor demanda. En este sentido, los dos colegios que, según ha informado el Ayuntamiento de Elche, han tenido más demanda de plaza son el público Princesa de Asturias y el concertado Nuestra Señora del Carmen.
En este último centro concertado de Elche se ha registrado una reclamación que también ha sido trasladada a la Conselleria de Educación, a través de la oficina del Prop de Elche, en la que se pide que se revise el criterio del domicilio familiar o laboral ya que considera que su justificación documental es «poco fiable».
La denuncia, que también ha sido dirigida al Síndic de Greuges, sostiene que hay casos en los que se acredita el domicilio familiar, con el fin de obtener la máxima puntuación, con «un recibo de suministro o de teléfono que se puede obtener en un mismo día con una simple llamada telefónica o vía internet, sin intervención de un funcionario público».
Además, apunta el denunciante, «respecto al padrón municipal, incluso con la intervención de un funcionario público, también es muy fácil de obtener un certificado de empadronamiento, con una dirección que no constituye vivienda habitual».
En cuanto al domicilio laboral, los padres que han presentado la denuncia también consideran que la documentación exigida no queda suficientemente acreditada la veracidad del domicilio laboral y proponen que se controle por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al igual que el Ministerio de Hacienda otorga los puntos de la renta.
La no revisión de la veracidad de los domicilios familiares y laborales de las familias que solicitan plaza educativa supone para los denunciantes «un claro perjuicio al derecho de elección y acceso a la educación», ya que se dan casos en los que familias que sí que cumplen todos los requisitos se quedan sin ninguna de las plazas solicitadas.
Así las cosas, solicitan a la Administración la revisión de todos y cada uno de los domicilios familiares y laborales de los casos en los que se haya concedido la plaza educativa atendiendo a la máxima puntuación que se concede con este criterio.
Concretamente, se propone a la Administración que exija escritura pública o contrato de alquiler, así como que se controle el cambio de aquellos que hayan justificado este criterio a través del padrón. Sobre el domicilio laboral insisten en la necesidad de que se controle a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Consecuencias
Cometer irregularidades para obtener plaza en un centro educativo puede tener graves consecuencias. En España está considerado como un delito según el artículo 392 del Código Penal. El mismo estipula que la persona que cometa esta tipo de irregularidades será castigado con penas de prisión que van desde los seis meses hasta los tres años y multa de seis a doce meses. Una consecuencia importante que la mayoría de familias desconoce cuando presentan la documentación.
