La Sección Séptima de la Audiencia Provincial, desplazada a Elche, acogió ayer el arranque de un juicio en el que dos acusados se enfrentaban a penas, cada uno, de 17 años y cinco meses de prisión por un delito contra la salud pública, otro de tenencia ilícita de armas y un tercero de falsificación de moneda, según la petición inicial del Ministerio Fiscal, mientras que una de las dos defensas solicitaba la libre absolución. Durante la sesión, los acusados afirmaron desconocer absolutamente cómo habían podido llegar 63.200 euros falsos, una escopeta (sin licencia) de cañones recortados, una pistola (inicialmente se declaró que era de fogueo, pero finalmente no era así) y más de un kilo y medio de drogas sintéticas (MDMA) a la vivienda donde habían pernoctado en más de una ocasión.

Los hechos se remontan a octubre de 2015, cuando los dos hombres fueron detenidos en Catral mientras conducían por una rotonda. Ellos aseguraron que en ningún momento estaban huyendo de agentes, tal y como se sostiene por parte del Ministerio Fiscal basándose en la actuación policial. Tras su detención se practicó un registro en una vivienda que tenía alquilada uno de los acusados durantes dos meses en Los Alcáceres (Murcia), y en donde el segundo acudía a pernoctar de vez en cuando, según manifestó, donde se encontraron los distintos elementos ilegales. Ambos, previamente, estaban siendo investigados por la Policía Nacional de Elche.

Durante la sesión de ayer, en la que ambos incurrieron en varias contradicciones a juicio del fiscal, uno de los acusados señaló que conocía al otro, en prisión preventiva, unas dos semanas antes de ser detenidos y que congeniaron muy bien, hasta el punto de que el primero le dejó las llaves de la vivienda para dormir cuando quisiera y evitar coger así el coche con unas copas de más, antes de regresar a Torrevieja, donde tenía en principio su residencia

Desconocía el material

El encausado, que facilitó las llaves a la Policía y a la cual acompañó al domicilio donde se intervinieron las armas, las drogas y el dinero, entre otros elementos, dio a entender que de haber conocido que ese material estaba en la casa de su amigo no hubiera acudido.

«¿No le extraña que le dejara las llaves de una casa en las que hay droga por valor de más de 63.000 euros?», le preguntó el fiscal, al tiempo que había remarcado que la amistad que les unía se remontaba, como ellos mismos habían declarado, a apenas dos o tres semanas.

Por otra parte, el acusado indicó que en el momento en que fueron arrestados iban a Catral a comprar a un empresario unos vehículos embargados, en su caso con dinero dejado por su familia. No obstante, el Ministerio Fiscal sospecha que el pago de los turismos se iba a hacer con la sustancia estupefaciente. «Yo no se nada de droga», contestó en este punto el acusado al fiscal.

Durante el interrogatorio al segundo de los acusados, desplazado a la Ciudad de la Justicia de Elche desde la cárcel, este expresó claramente que buena parte de la declaración inicial que realizó en su día no se ajustaba a la verdad, en parte porque no quería reconocer que estaba trabajando de manera ilegal. En este sentido, apuntó que en 2007 le pagaron con dinero falso y que, por eso, estaba en la ruina, aunque, previamente, había manifestado ante su señoría que, junto al primer acusado, estaban intentando abrir unos locales de ocio con inversores ingleses.

«Yo no le di las llaves (refiriéndose al otro acusado), no sé si la droga estaba en mi casa. Alguien la ha metido», agregaba en su declaración en la sala, al tiempo que manifestaba que con respecto a la compra de los dos vehículos el empresario apuntado «al parecer le debía dinero» al otro encausado y que, por eso, le iba a entregar dos coches, manifestaciones éstas que entraron en colisión con lo declarado por el primero.

Al comienzo de la sesión, uno de los letrados de la defensa tachó de ilegales las detenciones «porque no llevaban droga, ni se habían saltado ningún semáforo», consideró que se vulneró el derecho de inviolabilidad del domicilio «por lo que el material encontrado sería anulado», y aseveró que la cadena de custodia se rompió desde la intervención hasta el análisis de las distinta sustancias estupefacientes.