La directora general de Patrimonio, Carmen Amoraga, ha reprobado a un inspector de Bienes Muebles de los servicios territoriales de Alicante por informar que el Plan de Reforma Interior (PRI) del Mercado Central de Elche -el documento urbanístico que posibilita la construcción de un nuevo edificio con aparcamiento subterráneo- no incorpora el estudio de tráfico que debería acompañarlo tal y como se establece en el propio texto.
El informe, que menciona Amoraga, fue elaborado por Luis Pablo Martínez Sanmartín, técnico de los Servicios Territoriales de Cultura. Alguien que, precisamente fue coordinador por la Generalitat Valenciana de la candidatura del Palmeral de Elche a la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial y en 2006, tras la implantación de la Ley del Misteri, entró a formar parte de la Junta Rectora del Patronato en representación de la Generalitat Valenciana.
El documento indica en su punto 9 que "las cuestiones referentes a la accesibilidad y tráfico se analizan y justifican en el estudio de tráfico que acompaña a este PRI". Es más, las normas que se establecen en el mismo documento apuntan que "el proyecto que desarrolle el mercado y su entorno se ajustará a las condiciones establecidas en el estudio de tráfico".
En respuesta al representante del colectivo ciudadano en defensa del patrimonio, la directora general reconoce que el funcionario ha comunicado "la carencia o falta de exposición al público del estudio de tráfico" pero, lejos de interesarse por esta información, realiza una dura crítica al inspector de los servicios territoriales que ha descubierto un hecho, a priori, relevante en el proceso de construcción del nuevo mercado, tal y como recalcan desde la agrupación.
El informe emitido "resulta cuanto menos improcedente -afirma Amoraga- al versar sobre un supuesto defecto formal del Plan de Reforma Interior en relación con el que carece de competencia material para pronunciarse, por las tareas o cometidos asignados a su concreto puesto de trabajo, incidiendo en un juicio de valor sobre un documento urbanístico que además ha superado la aprobación definitiva y sobre el que no se le ha recabado informe, al haber concluido el procedimiento al que se refiere".
Los cierto es que la ausencia de este estudio de tráfico también ha sido detectada por la asociación Ágora que, en los últimos días, y como había venido reclamado durante los últimos meses ante el Ayuntamiento de Elche y la Conselleria de Transparencia, ha tenido acceso al expediente y se encuentra a la espera de recibir copia de diversos documentos solicitados, tal y como matiza el colectivo ciudadano en defensa del patrimonio.
El PRI fue aprobado el 29 de abril 2013 por el pleno del Ayuntamiento de Elche, el 11 de junio por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 14 de agosto de ese mismo año, en plenas fiestas patronales. La publicación, firmada por la entonces titular de Urbanismo, Isabel Boning, asegura en el segundo punto de los antecedentes que "la documentación está acompañada por memoria informativa y justificativa, planos de información y ordenación y normas urbanísticas. Acompaña estudio de integración paisajística". En la segunda de las consideraciones técnico jurídicas se afirma que "la documentación se estima completa".
Sin embargo, la agrupación recalca que el estudio de tráfico no se ha llegado a incluir entre la documentación del PRI que se aloja en la web del Ayuntamiento de Elche ni se encuentra entre la documentación consultada tanto por el funcionario de la Conselleria de Patrimonio ni por la asociación Ágora. Como indica el PRI, el documento debe establecer las condiciones de tráfico y accesibilidad al mercado y su entorno. Su redacción es anterior a la adjudicación del proyecto a la concesionaria. La promotora del nuevo mercado ha presentado hasta cuatro informes de ordenación del tráfico en la zona que debieran de ajustarse a los criterios establecidos en el documento adjuntado PRI. Todos ellos han sido informados negativamente por los servicios técnicos municipales por el impacto que las soluciones propuestas tendrían sobre la circulación de vehículos y los peatones.
Excavaciones
La directora general de Patrimonio informa en su comunicación del proceso de excavaciones y de la normativa patrimonial al respecto. "Se consigna a los efectos procedentes -apunta- que el señalamiento de un entorno, incluso en inmuebles BICS, no aboca a la erradicación de aprovechamientos y de los más diversos usos e implantaciones en el ámbito de afección delimitado" y se pone como ejemplo el túnel que discurre por debajo de la calle Blanquerías.
Sin embargo, obvia que el pliego de condiciones administrativas elaborado por el Ayuntamiento de Elche para este proyecto establece que "si durante la ejecución del contrato o durante las excavaciones deviniese la imposibilidad de ejecución del objeto del contrato, se entenderá que forma parte del riesgo asumido por el concesionario sin que pueda dar lugar, en ningún caso, a indemnización de los gastos en que el concesionario hubiese podido incurrir".
