De nuevo en minoría. La intención del Consell de blindar contra el ladrillo La Marina volvió ayer a poner en evidencia la incapacidad del Ejecutivo local y, en particular del PSOE y Compromís, para frenar a la oposición en determinadas circunstancias. Es más, ni el Partido de Elche compartió la postura de sus socios de gobierno, se abstuvo, y dejó aislados al PSOE y Compromís.

Esta vez, una moción del Partido Popular, a la que se añadió una enmienda de Ilicitanos por Elche, sirvió para que la oposición en bloque acorralara al tripartito para alegar contra el Plan de Acción de Infraestructura Verde del Litoral (Pativel). Un plan que, aunque todavía no es definitivo, pretende conceder la máxima protección al sector MR-10 de La Marina y reducir así la edificabilidad en una franja muy próxima a la pinada de la pedanía. Algo por lo que también se han echado encima los vecinos y han recogido ya más de 1.300 firmas. De hecho, una representación de los afectados también quiso hacer presión con su presencia en el pleno, pero no llegó a intervenir.

Los números no volvían a salir para el equipo de gobierno, que pese a echar balones fuera y defender por activa y por pasiva que el Pativel no es competencia del Ayuntamiento, ahora tendrá que remitir a València unas alegaciones a las que ayer votaba en contra. No obstante, el Ejecutivo local también se encargó de tensar las cuerdas e hizo público un informe de la Generalitat del año 2011. Un documento, elaborado durante el mandato del PP en el Consell, que ya advertía que «extender el área a ocupar por la edificación del sector MR-10 hacia las Dunas de Guardamar supondría impactos significativos sobre el medio ambiente». El edil de Urbanismo, José Manuel Sánchez, lo veía claro. Ese «decretazo sectario del Consell», al que aludían desde la bancada de la oposición para referirse a la protección del litoral de La Marina, tenía sus antecedentes en una estrategia territorial de la Comunidad Valenciana aprobada en 2011. Pero ni con esas. La oposición seguía en sus trece y defendió hacer cumplir el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 1998 en el sector MR-10, en el que había previstas 1.800 viviendas. Ahora, con la nueva versión del plan autonómico, a falta de que sea definitiva, el suelo pasaría a ser no urbanizable y la cifra de casas no sobrepasaría las 300. Frente a ello, lo que vecinos y oposición defienden es que ese suelo pase a manos del Ayuntamiento y se pueda urbanizar, con paseos, jardines o huertos ecológicos.

Más allá del contenido de la moción, la alianza del PP, Ciudadanos e Ilicitanos por Elche volvía a poner en evidencia las flaquezas de un Gobierno en minoría, que hasta hace poco acostumbraba a contar con el apoyo de los de David Caballero, desde la retaguardia. Al menos, ha dado su soporte al tripartito en los momentos importantes. Ahí está la aprobación de los presupuestos municipales gracias a sus votos. Lo que tantas veces se habló de «matrimonio de conveniencia» con la formación naranja no está tan amarrado como al principio. La última vez ocurría sin ir más lejos en el pasado pleno cuando la oposición sacaba adelante pasar el cierre de la Corredora al domingo. Aunque el tripartito lo ignoró por completo.

También ocurría con el Pativel antes de que fuera aprobada la primera versión, por lo que el Ejecutivo local se veía obligado a mandar unas alegaciones para pedir más edificabilidad en La Marina, cuando anteriormente y, de forma particular, había reclamado menos.