Una familia árabe, con menores y solicitando el estatus de refugiados llega a la ONG Elche Acoge en octubre de 2016 a través del programa nacional de acogida para solicitantes de asilo. Tras la primera fase de acogida, de seis meses, en la que viven en una vivienda tutelada de la ONG llega la etapa de la inserción, que es cuando es necesario que consigan una vivienda de forma autónoma, mientras mantienen ayudas desde el programa del Ministerio, para cubrir todos sus gastos hasta que consigan estabilidad en la sociedad ilicitana.

Después de más de dos meses buscando vivienda, la familia, acompañada de Elche Acoge, se encuentra con el rechazo de inmobiliarias y particulares por varios motivos. Según la responsable en la entidad ilicitana del programa de refugio, Gema Moya, «las inmobiliarias desconocen el programa de refugio y las garantías que el Ministerio aporta para cubrir con los gastos de estas personas en situación de vulnerabilidad. Es decir, el Ministerio cubre el gasto, por lo que no habría problema de pagos en ningún caso, pero no se fían». Pero también apunta a otra motivación más preocupante , que es la discriminación por raza. «Estos casos son más velados, pero en alguna inmobiliaria, explícitamente, nos han dicho que no alquilan pisos a personas árabes», puntualiza Moya. De este modo, la activista en Elche Acoge afirma que esta situación se ha convertido en un «obstáculo que dificulta gravemente la integración de esta familia en la sociedad ilicitana y que pone en riesgo la posibilidad de seguir en la ciudad porque la ampliación de la primera fase, en la casa de acogida, se está agotando», asevera.

«Elche se declara ciudad de acogida de refugiados y realiza muchos actos para hacerlo ver, pero a la hora de la verdad, hay al menos, una familia en la ciudad que no tiene facilidades para integrarse en la sociedad», concluyó Moya.

Esta familia de origen árabe que ahora reside en Elche es parte del 5% de personas reasentadas o reubicadas del total de refugiados pactado desde España con la Unión Europea. El país debe acoger en unos cinco meses a unas 15.000 personas para cumplir el objetivo acordado con Bruselas, algo que parece lejos de hacerse realidad.

Aunque este caso es acuciante y grave tratándose de personas refugiadas con menores a su cargo, de un colectivo vulnerable, la ONG ilicitana trata de visibilizar a través de este caso concreto un problema generalizado con personas migrantes. Y es que, basándose en prejuicios, las inmobiliarias y algunos particulares ponen muchas trabas a estas personas para que consigan un arrendamiento. En muchos casos que han llegado a Elche Acoge, las personas migrantes se encuentran con estereotipos a la hora de alquilar: Que no cuidan los pisos, que no pagan y que van a convertir la vivienda en un «piso patera». Incluso, en algunos casos hay inmobiliarias que, como aliciente para vender o alquilar a terceros, usan la cantinela de que en un determinado barrio o edificio no viven personas de otros países. Según el testimonio de una marroquí, Noor Daouidi, que viven en Elche desde hace cinco años, «pasé tres meses buscando casa». No porque a Noor no le convenciera ninguna en particular sino «porque soy de fuera», confiesa. «Hay gente que no quiere alquilar a extranjeros y me lo decían, aunque yo podía pagar el precio del alquiler, me pedían un aval español», afirma. «Al final, alquilé el piso de una amiga y allí sigo pero sé que hay personas que lo han pasado peor que yo», concluye.