Construyó sin declarar un tejado para tener bajo resguardo los coches del garaje de su finca en Peña Las Águilas y le llegó una notificación del Catastro. Edificó una piscina en su chalet de La Marina sin dar de alta y le llegó la carta del Catastro. Por motivos similares a estos, o por levantar directamente inmuebles, siempre sin tributar , el organismo público cifra en 10.000 las irregularidades que puede haber en Elche entre ampliaciones y omisiones, según las primeras estimaciones.

Otro ejemplo que ilustra los efectos que está teniendo entre los ilicitanos esa revisión en profundidad es el de un vecino de la partida de Altabix al que le han comunicado hace unos días que el valor catastral de su vivienda aumentará en 18.000 euros por una piscina, un garaje y una pista de tenis por las que no tributaba.

Según él, ya compró la finca con esta infraestructura deportiva hace 70 años y para el resto de edificaciones, que añadió después, solicitó las correspondientes licencias, pero, por desinformación, no sabía que tenía que declararlas de cara al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Esta cantidad de edificaciones que permanecen ocultas a la Dirección General del Catastro implicaría que un 5% de los inmuebles levantados en término municipal incurren en ilegalidades, ya que, según los datos que maneja el Ayuntamiento, entre la ciudad y las pedanías, hay un total de 189.553 bienes que tributan

Con esa estimación que ha hecho ya el organismo público, Elche, pese a ser un municipio más pequeño, se situaría por delante de Alicante en irregularidades urbanísticas, ya que en la capital de la provincia, donde ya se ha completado la revisión, han aflorado 7.181 construcciones ilegales.

Y es que el procedimiento de regularización catastral que se ha completado ya en otros municipios de la provincia. Hace escasamente unas semanas se ha empezado a advertir en el término municipal a los propietarios de la obligación que tienen de actualizar la información sobre los cambios que han efectuado sobre sus viviendas.

De hecho, por el momento, se han notificado ya las primeras alteraciones catastrales a unas 4.000 personas, según manifestaron desde la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Elche.

No obstante, todavía podrán producirse más, ya que el procedimiento de regularización catastral todavía está en curso y hasta el próximo 30 de julio hay tiempo para que se produzcan más notificaciones. De ahí que el Ayuntamiento haya decidido reforzar hasta esa fecha la atención al público en las oficinas municipales del IBI que están ubicadas en la calle Troneta.

Consecuencias

La pregunta más frecuente que muchos ilicitanos han empezado ya a hacerse es: ¿Qué va a suponer esa revisión catastral para los vecinos? De primeras, aquellos que lo tengan todo declarado no tendrán por qué preocuparse. Pero, para los que sí que faltaron a la obligación de dar de alta sus construcciones, recibirán una carta de la Dirección General del Catastro.

En ese requerimiento, el organismo exigirá a los contribuyentes el pago de una tasa de 60 euros y se les comunicará la alteración catastral por cada unidad urbana. Eso significa que al año siguiente verá encarecer el recibo del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) al incluir el valor de las construcciones legalizadas.

Una consecuencia que tendrá su lógica repercusión en la recaudación para las arcas municipales ilicitanas. «La lucha contra el fraude fiscal tendrá sus efectos en los ingresos del Ayuntamiento. El objetivo de esta revisión catastral es que no haya un agravio comparativo con los que sí lo tienen todo declarado», explica la concejal de Hacienda, Ana Arabid.

Al margen que los propietarios decidan recurrir o presentar alegaciones, estarán obligados al pago de esa tasa, que tiene como finalidad financiar el coste de los trabajos impulsados por el Estado. Y es que la campaña ha supuesto un gran despliegue de medios durante unos dos años. Los barridos aéreos se han realizado esta vez con avionetas y drones de forma exhaustiva y municipio a municipio, con el fin de detectar a los infractores. Esta medida se remonta al año 2012, cuando el Ministerio de Hacienda aprobó la puesta en marcha de esta regularización masiva de edificaciones no declaradas, con los consiguientes efectos en la recaudación municipal.