La asociación de vecinos Pinomar de La Marina y la alcaldesa pedánea de esta partida ilicitana, María del Carmen Molina, están en contra de las alegaciones que en su día formuló el Ayuntamiento de Elche al Pativel, el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral, impulsado por el Consell, pero también se oponen a priori a las distintas opciones que baraja la Administración autonómica para este enclave turístico.
Desde La Marina se ha iniciado un movimiento para, primero, informar a los vecinos y, segundo, para defender una postura distinta a la de ambas administraciones. Desde Pinomar quieren que se dejen las cosas como están, y que se contemple lo previsto en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Juan Oliver, presidente de la mencionada asociación vecinal, expone que existe entre los residentes «una desinformación bastante grande del Pativel. Mucha gente no sabe lo que es ni ha oído hablar de ello». En este sentido, han iniciado, sobre todo a través de las redes sociales y comercios, una campaña de sensibilización, que incluye desde una carta explicativa «para que se entienda el alcance de este plan propuesto desde la Generalitat Valenciana», hasta una recogida de firmas.
Esta última persigue dejar clara la oposición al plan de acción territorial propuesto por la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, como también a las alegaciones propuestas por el equipo de gobierno ilicitano.
«No estamos de acuerdo con las alegaciones del Ayuntamiento, porque lo que se pretende es dejar una franja desde la pinada hacia el interior de 250 metros como está la propia pinada: abandonada. Se confunde la ecología con el abandono», indica Oliver.
Vecinos de esta pedanía reclaman, por tanto, que se respete el PGOU, «porque nadie sale perjudicado». Entienden que las personas que tienen allí propiedades, medio centenar de familias aproximadamente, según se calcula, algunas de las cuales compraron suelo para invertir, se pueden llevar la sorpresa desagradable de que la zona ya no sea urbanizable.
Pero sobre todo insisten en que esa posible franja añadida de protección de 250 metros se quedaría «abandonada», por lo que en su lugar reclaman que se puedan propiciar allí viales, parques y jardines, huertos ecológicos, caminos para pasear, y también hoteles y centros educativos.
«Hay mucha preocupación por este tema y aunque el 31 de enero se cerró el plazo para presentar alegaciones, no queremos perder ningún tipo de resquicio de presión porque, al parecer, la Conselleria está hablando con los ayuntamientos, buscando consensos ante posibles ampliaciones del plazo de alegaciones», indican desde Pinomar.
Precisamente, esta tarde, a partir de las 18 horas y en el centro social de La Marina, está previsto que el concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez, participe en una reunión informativa sobre el futuro desarrollo de la pedanía.
A él directamente está previsto que se le traslade que se mantengan urbanizables los sectores del actual PGOU1998, con las condiciones actuales de convertir a dotaciones públicas municipales la franja de 250 metros, a partir de la pinada, «compensando a los propietarios afectados en otras zonas, cumpliendo sobradamente con la protección de nuestro entorno propuesta por el Pativel y garantizando un desarrollo turístico, económico y sostenible para La Marina», según se expresa desde la asociación Pinomar.
La alcaldesa pedánea, María del Carmen Molina, asegura que el Pativel «es el gran desconocido», y la intención es que la reunión hoy con el concejal sirva para aclarar, «de una vez por todas, lo que supone este plan, cómo nos afecta y cómo están las alegaciones». Molina confía, además, en que Valencia, si tiene que dar un paso, lo haga contando con el consenso de los vecinos.
Desde el equipo de gobierno se asegura que se ha venido reuniendo con representantes de La Marina en varias ocasiones para exponerles la propuesta del Pativel, recoger sugerencias, y, finalmente, para informarles sobre las alegaciones a presentar por el Consistorio.
El principal punto de interés se centra en el sector urbanístico MR-10. El actual PGOU contempla una superficie urbanizable de 460.000 metros cuadrados. Esto supondría la creación de unas 1.840 viviendas, siempre según el Ayuntamiento.
Por su parte, la propuesta del Pativel es proteger toda superficie por debajo de 500 metros a la línea de costa, con lo cual la superficie urbanizable del MR-10 sería sólo de 76.000 metros cuadrados, por lo que se podrían construir como máximo 304 viviendas.
Frente a esto, el Ayuntamiento en teoría ha alegado en el sentido de, por un lado, reducir el ancho de la franja paralela a la costa afectada por el Pativel, tomando como referencia una línea paralela al camino que linda con la pinada a 250 metros de éste; y, por otra, incrementar la protección inicial prevista del suelo afectado, clasificando esta franja como suelo no urbanizable de protección de litoral, prolongándola en paralelo a la totalidad del LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) de las dunas de Guardamar.
Esto, desde el punto de vista urbanístico, supone una vía intermedia, al permitir la construcción de un máximo de 184.770 metros cuadrados, que se traducen en 739 viviendas (menos de la mitad de las contempladas en el PGOU, pero el doble de las que permitiría el Pativel en su redacción actual).
El sector MR-10 no está desarrollado y con respecto a los sectores MR-7 y MR-5 el tripartito quiere que permanezcan como suelo urbanizable (el que marca el PGOU) con el compromiso de crear un corredor verde ecológico.
