La entrega de premios de la Asociación Juristas Siglo XXI de Elche sirvió ayer para reivindicar una mejora del sistema judicial que permita actualizarse a los tiempos que corren y recuperar una confianza, la de la sociedad, que abogados, jueces y policías consideran más que perdida. Así lo reconoció ayer el magistrado José de Madaria, que preside la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, y lo ratificó el comisario de la Policía Nacional de la ciudad, Javier Pérez Castillo, quien recordó que «la seguridad no es solo un valor judicial, sino social, y ella es la base de la libertad».

En el caso del magistrado, su discurso se produjo durante la entrega del premio Justiniano que reparte la asociación de juristas, que reconoció los más de 40 años de carrera judicial y su contribución a que la Sección Séptima que hoy preside se estableciese en la ciudad el 1 de diciembre de 1991. «Es necesario despolitizar la Justicia para devolver la confianza de la sociedad en ella, y luchar por la implicación de los nuevos jueces, que tengan una vocación más allá de ser unos funcionarios asalariados». Para los jóvenes que aspiren a dedicarse a esa profesión, también es importante, destacó, «devolverles esa ilusión y acabar con la sensación de para qué voy a trabajar más» si, en el desarrollo de la carrera judicial, se dejan de lado los «meritos y capacidades» de cada uno de los magistrados en pro de otros intereses.

El comisario subrayó que el reconocimiento responde a un «trabajo continuo, y el premio nos obliga y compromete a seguir desarrollándolo». El acto, que acogió el Jardín Huerto del Cura, reunió a altos cargos policiales, como el jefe superior de la Policía en la Comunidad, José Javier Cuasante, quien hasta 2014 dirigía la Comisaría ilicitana, donde estuvo 13 años. Cuasante resaltó que el galardón responde a la «integración de la Policía Nacional en la sociedad», algo en lo que coincidió el subdelegado del gobierno en Alicante, José Miguel Saval. El alcalde, Carlos González apostó por un «pacto de Estado» para despolitizar la Justicia.