Los vecinos del municipio ilicitano que soliciten comprobaciones de contaminación acústica en un local ya no tendrán que rascarse el bolsillo en el caso de que sus sospechas no sean ciertas o sean indetectables. El magistrado de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha suprimido una tasa, incluida dentro de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento ilicitano, que obliga a las personas que denuncian y reclaman este tipo de pruebas de sonometría a pagar 300 euros si el resultado es negativo. Un hecho que ha encendido las alertas de colectivos de la hostelería ilicitana, que consideran que este nuevo marco legal puede disparar el número de denuncias vecinales hacia sus locales.

La resolución judicial parte de un recurso contra esta ordenanza fiscal que presentó la Asociación de Afectados por el Ruido de Elche a través de su secretario, José Luis Ordóñez. De hecho, la portavoz de la agrupación ciudadana, Manuela Navarro, celebraba ayer la sentencia -que no es firme- «porque puede crear jurisprudencia a nivel nacional, ya que tenemos constancia de que este tipo de tasas existen en otros municipios del país y no conocemos otra resolución similar».

Además, Navarro agradece la manera en la que se ha «explayado» este tribunal a la hora de argumentar su decisión. Por un lado, el magistrado entiende que las denuncias de supuestos focos de contaminación acústica que, a la postre, no se demuestren como tales, deben de ser consideradas «acciones preventivas». Por otro, con arreglo al principio de «el que contamina paga», concreta que son los titulares de los emisores acústicos contaminantes (los negocios) los que deben asumir el coste de estos exámenes preventivos, aunque sean negativos.

Tampoco entiende el juez que la aplicación, hasta ahora, de reducciones del 80 y el 90% del tributo durante las primeras dos denuncias que realiza un particular, sea suficiente. En definitiva, esta tasa «solo recaería en el vecino cuando detectemos que está actuando de mala fe», detalla la portavoz y letrada Manuela Navarro.

Desde las concejalías de Hacienda y Aperturas, las dos a las que afecta esta sentencia, reseñan que tendrán que estudiar con su el equipo legal municipal si finalmente atienden a lo que dice esta sala del TSJ y gravan esta tasa sobre los locales, incluso cuando el resultado de las pruebas de sonometría sea negativo. El concejal de Aperturas, Carlos Sánchez, recuerda que se encuentran actualmente en el proceso de revisión de la ordenanza del Ruido, aprobada por el anterior equipo de gobierno comandado por el Partido Popular. «Es ya el segundo palo judicial que recibe esta normativa, que nos van marcando un poco el camino a seguir», asegura el edil.

Menos tranquilos se muestran algunos representantes de los hosteleros de Elche con este nuevo campo de juego. El presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Elche y Comarca (Aesec), José Rizo, indica que esta resolución judicial puede derivar en actitudes mucho más beligerantes por parte de algunos vecinos y «que haya locales a los que, a partir de ahora, alguien tenga la libertad de hacerle la vida imposible».Comparte su opinión el portavoz de la Asociación de Hosteleros de Elche «Hostelx», Juan Carlos Altet, que augura «una lluvia de quejas» vecinales. Lo que más le molesta a este hostelero es que se plantee la posibilidad de que sean ellos los que tengan que afrontar estos tributos, incluso cuando las inspecciones de contaminación acústica no detecten una infracción.

Por su parte,el secretario de la Asociación de Empresas de Restauración y Afines de Elche (Aserae), Julio Giménez, apunta que las cosas ya están «calientes» entre ambos bandos (vecinos y hosteleros) y esta puede ser la «guinda final». No obstante, Giménez precisa que «estamos condenados a entendernos los unos con los otros. Solo espero que el Ayuntamiento, en la modificación que está llevando a cabo de la ordenanza del Ruido, adopte una posición lo más salomónica posible y contente a la mayoría».