El juicio previsto ayer en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, y en el que se iba a juzgar a un veterinario, a un agente del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), a los dueños de una pajarería de Torrellano y a otras tres personas, tuvo que ser suspendido por la imposibilidad de localizar a dos de los acusados y ante la solicitud de todas las defensas de solicitar la prescripción de unos hechos que se remontan al año 2005.
Las actuaciones encausadas se iniciaron hace ahora doce años, cuando los propietarios de una tienda de animales de Torrellano vendieron presuntamente al menos diez ejemplares de Talapoin, una especie de primate protegida al estar en peligro de extinción. Según la Fiscalía, los monos fueron suministrados por un empresario guineano y carecían de la pertinente documentación legal.
El veterinario acusado, y también según el Ministerio Público, daba apoyo a los dueños de la pajarería enjuiciados tratando a los monos enfermos y eliminando los cuerpos de los que fallecían. A su vez, el agente del Seprona está acusado de avisarles del registro que iban a realizar sus compañeros en el establecimiento.
La Fiscalía, que inicialmente pide para los procesados penas que oscilan entre los ocho meses y los dos años de prisión por varios delitos contra la flora y la fauna, encubrimiento y violación de secretos, ha tenido que suspender el juicio ante la incomparecencia de dos de los acusados. Ahora, deberá determinar cuál es su situación procesal, toda vez que su abogado ha renunciado a su defensa.
En este contexto, los letrados del resto de acusados han solicitado la prescripción de la causa ante «una paralización grande de más de cinco años», según aseguró ayer uno de los abogados defensores a las puertas del tribunal ilicitano.
