El juicio previsto esta mañana en la Sección 7ª de la Audiencia Provincial, en sus dependencias de Elche, en el que se iba a juzgar a un veterinario, un agente del Seprona, los dueños de una pajarería y otras tres personas por un presento delito de tráfico con monos de una especie amenazada, ha sido suspendido por la imposibilidad de localizar a dos de los acusados y la solicitud de prescripción de los hechos por parte de todas las defensas.
Al no presentarse al juicio, los acusados tienen que ser declarados en rebeldía y determinar cuál es su situación procesal con el abogado, toda vez que éste ha renunciado a su defensa y no pueden quedarse sin letrado, por lo que si llegan a ser localizados se les asignará un abogado de oficio.
Además de esta incomparecencia, hay una posible prescripción de la la causa ante una "paralización grande de más de cinco años, desde 2011 al 2016", según ha señalado esta mañana a las puertas del tribunal ilicitano uno de los abogados defensores. "Hay que ver si el parón anterior -los hecho se iniciaron en 2005- afecta a la prescripción. Si no se declara prescrito, se retomará el juicio una vez se hayan localizados a los dos acusados", han añadido las mismas fuentes.
A partir de ahora, hay un mes para localizar a los afectados y durante ese periodo de tiempo, los abogados distintas defensas van a solicitar la prescripción de los hechos a la fiscalía, que solicita provisionalmente para los procesados penas que oscilan entre los ocho meses y los dos años de prisión por varios delitos contra la flora y la fauna, encubrimiento y violación de secretos.
Los hechos enjuiciados se produjeron en 2005, cuando los propietarios de una tienda de animales de Torrellano presuntamente vendieron al menos diez ejemplares de Talapoin, una especie de mono en peligro de extinción que le era suministrada por un importador guineano, supuestamente, sin la documentación correspondiente. Para el tráfico de los animales, los duelos de la pajarería recibían apoyo de un veterinario de Murcia, también acusado, que se encargaba de tratar a los ejemplares enfermo y de eliminar los cuerpos de los que fallecían.
En la causa también se enjuicia a un guardia civil del Seprona, amigo de uno de los propietarios de la tienda y al que la fiscalía le acusa de avisarle por teléfono del registro del establecimiento que iban a realizar sus compañeros, y a otras tres personas por comprar o guardar, al menos, 25 monos del importador guineano.
