13 de abril de 2017
13.04.2017

Una denuncia de «urbanismo a la carta» de doble filo

El PP, con un consejero que podría haber vulnerado el deber de guardar los debates internos, desvela un punto retirado, sobre mediación inmobiliaria

14.04.2017 | 08:49
Una denuncia de «urbanismo a la carta» de doble filo

El PP hizo pública ayer una denuncia sobre un modo de proceder en el seno de la empresa pública Pimesa que podría volvérsele en contra. El consejo de administración podría ahora valorar si cabe algún tipo de medida contra uno de sus consejeros, en concreto Vicente Granero, edil del PP, ya que podría haber incurrido en un incumplimiento como miembro del consejo social de esta empresa pública municipal en cuanto al deber de guardar la confidencialidad sobre los asuntos que se incluyan en el orden del día. La línea es fina y las interpretaciones dispares.

El asunto comenzó a rodar ayer al anunciar el grupo municipal del PP, a través de la exalcaldesa Mercedes Alonso, que habían tenido conocimiento de una documentación que les parecía de extrema gravedad: «Al parecer, lo que se pretende hacer es que Pimesa actúe de intermediadora inmobiliaria para una empresa en concreto, una cuestión muy grave que nos haría pensar que estamos ante un concepto de urbanismo a la carta, demandado por una determinada empresa para que, con dinero municipal, se hagan operaciones urbanísticas», dijo.

Para los populares esto supone una «cuestión opaca» por cuanto se plantea que la firma Pimesa «haga de agente inmobiliario de una empresa privada y que las operaciones se realicen con los propietarios de los terrenos sin que éstos sepan a quien van a ir destinados los mismos».

Para los populares, los propietarios pueden creer que los terrenos se los venden a Pimesa, pero que, en realidad, según siempre el Partido Popular, estarían haciéndolo a otra empresa, «la cual se impone en la documentación que sus datos sean confidenciales».

El principal partido de la oposición lamentaba, además de todo esto, que Pimesa no consiguiera ningún tipo de contraprestación por realizar esta labor. «Es decir, Pimesa realiza el trabajo, emplea al personal en este cometido, hace todas las operaciones de contacto con los propietarios de los terrenos y no recibe nada a cambio. Una acción poco transparente que nos hace preguntarnos si es una actuación correcta», agregaba.


Retirada

Hasta aquí, de trasfondo, parte del habitual rifirrafe político entre oposición y Gobierno local. El revuelo sobrevino cuando el PP envió posteriormente una nota aclaratoria: «El grupo municipal popular ha asistido esta mañana (por ayer) al consejo de administración de Pimesa donde en el orden del día se contemplaba el asunto que hemos denunciado esta mañana (por ayer) en rueda de prensa bajo el nombre de "Propuesta de Intermediación Inmobiliaria". Al llegar al mismo y tras el informe verbal del gerente se ha procedido a retirar dicho punto del orden del día».

De entrada, el grupo municipal popular como tal no está representado. Hay consejeros que coincide que son ediles, pero no están todos los grupos municipales con posibilidad de voz en esta mesa.

El vicepresidente de Pimesa, José Manuel Sánchez, llamaba la atención sobre otro detalle a su juicio más importante: el hecho de que se hiciera público el contenido de una cuestión que estaba incluida en el orden del día, pero que finalmente se retiró al entenderse que no estaba todo el expediente completo.

Para Sánchez, a quien le llamó la atención que en ese momento nadie preguntara nada, pero que, en cambio, el PP fuera diera detalles y valoraciones, hay una cosa que deben tener muy presentes los consejeros y es que tienen el deber legal de guardar secreto de lo que se aborde antes de que Pimesa apruebe o no las cuestiones planteadas. «Hay que ver en qué situación queda el concejal», dijo, en alusión a una posible reprobación a Granero.

Y en cuanto a la cuestión de fondo, el hecho de que Pimesa haga de inmediador inmobiliario, como denunció ayer el PP, Sánchez recordó que así se aprobó ya en 2013 y, para más inri, justo cuando gobernaba el PP en el Ayuntamiento y Granero era concejal de Urbanismo y, por tanto, miembro destacado del consejo de Pimesa.

A todo esto, aunque nadie lo quiso confirmar ayer, el objetivo de esta «intermediación inmobiliaria» tendría como objetivo facilitar las labores para un posible asentamiento de la ampliación de Tempe en los nuevos terrenos futuros de Elche Parque Empresarial, según se dejó entrever.

Desde el PP, en cualquier caso, consejos de administración al margen, se alegaba que como oposición su obligación es fiscalizar y denunciar «aquellas cuestiones que no están basadas en el interés general, que es el principio básico de funcionamiento de la Administración pública».

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