La Ciudad de la Justicia de Elche fue ayer el último escenario, por el momento, del desencuentro entre la actual cúpula de la Institución Ferial Alicantina (IFA) y su exdirector general Antonio Galvañ. El Juzgado de lo Social número 2 de Elche acogió el juicio por la demanda que Galvañ ha interpuesto contra IFA por despido improcedente, al considerar que su contrato no era de alta dirección, sino ordinario, por lo que reclama una indemnización económica de más de 80.000 euros.
El demandante, Antonio Galvañ, acudió ayer por la mañana a los juzgados ilicitanos, pero evitó asistir personalmente a la vista oral delegando su representación a su letrado, que basó su demanda en el hecho de que el exdirector general de IFA recibió una indemnización económica de 16.427 euros cuando le comunicaron su cese sin preaviso, y que no existe ningún contrato físico en el que quede reflejado que Galvañ tenía contrato de alta dirección. Además de los 16.427 euros por falta de preaviso, Galvañ recibió otra indemnización de 14.402 euros por desistimiento.
La defensa de IFA trató de argumentar, a través de una prueba compuesta por más de 460 documentos, que Antonio Galvañ ejerció durante los doce años que trabajó para la institución ferial como cargo de alta dirección. En este sentido, se indicó que él era el único representante legal de la institución, y que actuaba como tal, acordando contratos, convenios, compras de terrenos, permutas, y que ejercía como jefe de personal, contratando y despidiendo al personal sólo en base a su criterio, sin contar con nadie más.
El abogado de la defensa de IFA dijo, además, que muchas o casi todas las decisiones que adoptaba Antonio Galvañ se materializaban antes de ponerse en conocimiento del comité de dirección de IFA, al que en muchas ocasiones no se informa de ellas.
En el juicio declaró como testigo el presidente de IFA, José Luis Gisbert. De hecho, ante Gisbert, el letrado de Antonio Galvañ trató de cuestionar la labor que el comité de dirección -al que pertenecía el ahora presidente- ha desarrollado durante los últimos años, en los que, según dijo, «dejaron, como quieren hacer ver, que Antonio Galvañ hiciera y deshiciera a su antojo».
En este sentido, José Luis Gisbert admitió que «lo normal es que nos esterásemos de las cosas a posteriori, y no siempre», y que cuando empezaron a desconfiar de su trabajo solicitaron un informe para aclarar si los miembros del comité podrían tener responsabilidades económicas derivadas de una mala gestión del exdirector. El resultado de este informe fue, dijo ayer el mismo José Luis Gisbert, «que los miembros del comité no tienen responsabilidades económicas».
Esta actitud del comité de dirección, apostilló la defensa de IFA, «viene a constatar que Galvañ tenía un contrato de alta dirección, y no uno ordinario, como reclama ahora, ya que actuaba con total libertad porque la tenía».
José Luis Gisbert también aseguró ayer ante el juez que la actual directora general del IFA, Esther Guilabert, tiene un contrato escrito de alta dirección, como lo tuvieron las personas que ocuparon el puesto antes de Galvañ. A lo que no se encontró explicación fue a la pregunta de por qué Galvañ nunca tuvo un contrato por escrito en el que quedase reflejada su vinculación laboral con la Institución Ferial Alicantina.
