El exconcejal del Partido Popular de Pilar de la Horadada Francisco Javier García Lara reconoció ayer ante la Audiencia Provincial con sede en Elche que pidió un coche al empresario adjudicatario del servicio de ambulancias de la localidad, pero rechazó que hubiera extorsiones o que todo ello se hiciera a cambio de un contrato municipal.

La sala celebró ayer la primera sesión del juicio oral con un jurado popular por unos hechos que sucedieron entre 2011 y 2012, por el que el Ministerio Fiscal solicita una pena de pide una pena de seis años de cárcel, además de una indemnización de 6.000 euros y una inhabilitación para ejercer un cargo de empleo público por un plazo de 12 años.

La defensa de Francisco Javier García precisó que el empresario le propuso ponerle en contacto con un concesionario para comprar un coche de segunda mano, ya que éste era de un familiar y anteriormente había actuado como mediador con otros vecinos del municipio. El acusado reveló haber mantenido numerosas conversaciones «tanto en el Ayuntamiento, como fuera» en torno al vehículo. Sin embargo, rechazó que en sus encuentros llegaran a mezclar los asuntos del coche y del contrato municipal que en aquella época había salido a concurso público y que finalmente acabó adjudicándose al empresario de la firma Socorrismo y Ambulancias de Pilar de la Horadada, el mismo que ha denunciado los hechos.

Frente a todo ello, la acusación particular expuso ante la sala que su cliente llegó a sufrir una extorsión y presiones por parte del exconcejal durante ocho meses. «Cuando faltaba un mes para salir la adjudicación, el edil le reiteró la solicitud de ese vehículo de manera gratuita», apostilló el letrado del empresario. Algo que, según esta parte, volvió a repetirse en varias ocasiones.

De hecho, el empresario llegó a grabar una conversación en el Ayuntamiento, una vez adjudicado el contrato, en la que el entonces político volvió a reclamarle el turismo. «Me citó en mi despacho diciéndome que quería hablar del coche y allí me habló de otra cosa relacionada con mi firma. Por eso, yo al final le pregunté por lo mío. Lo tenía todo preparado», manifestó García, quien defendió ante el tribunal que la grabación estaba sacada de contexto y volvió a rechazar que hubiera pedido el coche gratis.

Ante la acusación de que retrasara la firma para abonar las facturas al empresario por haberle negado el coche, como presunto mecanismo de presión, el procesado alegó que si hubo demora de meses «es porque no me pasarían las facturas para que las firmara» y también matizó que «el retraso no estaba en mi despacho, estaba en intervención». Esa tardanza, según la acusación particular, provocó una profunda crisis patrimonial al empresario, además de perjuicios municipales, por lo que ahora le reclama una indemnización de 20.000 euros.