Los juzgados de Elche están a la cabeza de la provincia con más delitos registrados contra la libertad de la mujer, relacionados principalmente con las amenazas. Así lo reflejaron las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial del pasado ejercicio, donde el partido judicial ilicitano, que atiende también a las poblaciones de Santa Pola y Crevillent, aparece como el órgano que más asuntos, castigados incluso con penas de cárcel, recoge en este sentido.
En concreto, tal y como refleja la memoria del pasado ejercicio de violencia sobre la mujer, Elche registró 437 delitos contra la libertad. Mientras que el partido judicial de Alicante, por ejemplo, apuntó un total de 71 y Dénia tan solo 26. Esta diferencia se debe, en parte, a que en la mayoría de ocasiones, este tipo de «infracciones» están vinculadas a otras, como pueden ser las lesiones y malos tratos leves y muchos juzgados acaban clasificando las amenazas dentro de esa categoría, tal y como explicaron desde la Ciudad de la Justicia de Elche.
Al margen de los datos puramente estadísticos y comparativos entre las diferentes poblaciones, una de las razones que explican, según fuentes judiciales, que los delitos por amenazas se hayan disparado es el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo las redes sociales y los servicios de mensajería como el WhatsApp.
Estos canales se han convertido en la principal vía para cometer los delitos contra la libertad, entre los que no solo figuran las amenazas, sino también los insultos y las coacciones. Estas nuevas vías de comunicación no solo han propiciado ese incremento de ofensivas hacia la mujer, sino que también acaban convirtiéndose en pruebas válidas para denunciar al agresor, tal y como revelaron desde el órgano judicial ilicitano. De ahí que ahora sea más sencillo para las víctimas demostrar ante el juez este tipo de delitos.
«Está claro que las nuevas tecnologías abren un nuevo campo de oportunidad delictiva y hay más contacto entre las personas en otras esferas y, además, son de fácil persecución», explicó Fernando Miró, director del Centro Crímina de la Universidad Miguel Hernández, quien destacó que la alta población del partido judicial tiene mucho que ver en los datos estadísticos. De hecho, según el experto, las amenazas está relacionadas también con el delito leve de injurias, que con más frecuencia se da en los juzgados de Elche.
Como consecuencia, el juez puede imponer por este tipo de conductas delictivas como mínimo de seis meses a un año de cárcel por cada una de las amenazas que realice el agresor y de 31 a 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad, además de la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima de uno a cinco años, según fuentes judiciales. Las penas se graduarán en función de las circunstancias y si se producen en el ámbito doméstico y en presencia de menores.
Alta presencia
Las infracciones por amenazas representaron en la comarca del Baix Vinalopó casi la tercera parte de todos los delitos ingresados en el partido judicial de Elche, en concreto el 31%, donde en total se contabilizaron 1.386. Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, los asuntos más frecuentes de violencia hacia la mujer tuvieron que ver con las lesiones y los maltratos leves, es decir, que no precisaron tratamiento médico o quirúrgico. En esta categoría se tienen en cuenta los bofetones, agarrones y empujones que pueden causar daños, como hematomas o arañazos. En este caso, el órgano judicial ilicitano anotó 471.
De esta forma, tras este tipo de «infracciones» contra la mujer y tras las amenazas, que se encuentran en segundo lugar, los quebrantamientos de penas o medidas cautelares fueron los asuntos más frecuentes en el partido judicial de Elche. En este sentido, las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial registran que en 2016 hubo 293 casos de este tipo.
