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La Audiencia declara nulas las escuchas telefónicas contra 20 acusados de vender droga

Los procesados presuntamente compraron y transfirieron cocaína al por mayor y al menudeo en la provincia

La Audiencia declara nulas las escuchas telefónicas contra 20 acusados de vender droga

La Audiencia Provincial con sede en la Ciudad de la Justicia de Elche declaró ayer nulas las intervenciones telefónicas practicadas contra 20 acusados de vender droga en distintas localidades de la provincia de Alicante.

Después de que ayer estuviera prevista la declaración de los procesados ante la sala, el tribunal aplazó al próximo mes la continuación de la vista oral, después de dictaminar la invalidez de las escuchas practicadas durante la investigación al considerar que no tenían suficiente base. Algo que, en la primera sesión del juicio, celebrada hace unos días, defendieron los letrados de la parte acusada.

Las veinte personas están acusadas de vender, al por mayor o al menudeo, cocaína en diferentes puntos del territorio alicantino. Según ha hecho público el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, los hechos comenzaron en 2009 a partir de una investigación policial en la que se detectó la compraventa de diferentes cantidades de droga que parte de los acusados adquiría al por mayor, para posteriormente vender a otra parte de los acusados, que la distribuía a terceras personas y al menudeo. Durante los registros domiciliarios realizados en Torrevieja y Elche, entre otros municipios, los agentes se incautaron de casi tres kilos de cocaína, tal y como expuso el Tribunal Superior de Justicia.

En una de las viviendas, los agentes encontraron documentación falsa de una de las detenidas. Además, en las conversaciones intervenidas, uno de los acusados ofreció 8.000 euros a un agente de la Guardia Civil para que dejara pasar sin revisar a un marinero que transportaba droga por la Aduana del Puerto, según el Tribunal Superior de Justicia.

El Ministerio Fiscal pide para los procesados penas que oscilan entre un año y un mes, y siete años y medio de prisión, por varios delitos contra la salud pública, un delito de falsedad y un delito de cohecho.

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