El servicio público de retirada y depósito de vehículos en Elche, es decir, la grúa, supone un gasto para las arcas municipales superior a los 570.000 euros. El servicio, habitualmente deficitario, acumuló exactamente 571.167 euros de pérdidas en el pasado año 2016.

Así lo ha concretado esta mañana la edil de Hacienda, Ana Arabid, en la rueda de prensa para informar de los asuntos tratados hoy en la junta de gobierno local del Ayuntamiento, donde sus integrantes han aprobado la liquidación definitiva del ejercicio pasado de esta encomienda de gestión, que corresponde a la empresa pública Pimesa.

Asimismo, también suelen ser deficitarios el servicio público de bicicletas (Bicielx) y el denominado taxi compartido, también conocido como Elche-Taxi o taxi a las pedanías.

En el primer caso, Bicielx ha arrojado finalmente un déficit de 242.127 euros; mientras que con respecto al taxi compartido, la cifra negativa es de 12.582 euros, siempre con respecto a 2016.

Por contra, el servicio público de Ordenación y Regulación de Aparcamiento (ORA) en la vía pública, sigue arrojando resultados positivos, algo también habitual. En este caso, tras la liquidación definitiva de 2016, la prestación ofrece un saldo positivo de 215.622 euros.

Durante la junta de gobierno de hoy también se ha ratificado el decreto que emitió el pasado viernes el alcalde de Elche, Carlos González, por el que se ordenaba a la concesionaria del contrato de gestión de obra pública del Mercado Central la realización de operaciones para asegurar la estabilidad del edificio. Durante la rueda de prensa se ha confirmado que estas actuaciones "ya han sido ejecutadas por parte de la empresa". En este punto los integrantes de Compromís no han mostrado ninguna discrepancia.

Asimismo, se ha dado luz verde a la prórroga anual establecida en la cláusula cuarta del convenio de colaboración con la Fundación CV Obra Social Caja Mediterráneo para poder seguir accediendo directamente al Gran Teatro desde la Glorieta. El convenio se firmó en 2015 por un plazo de dos años, prorrogable por otro año hasta un máximo de diez, según se ha explicado esta mañana.

La junta de gobierno ha impulsado además acudir a los juzgados de lo Civil para recuperar la posesión de los dos pasos peatonales previstos en las normas de edificación del proyecto de ordenación de volúmenes de tres manzanas en Arenales del Sol. Esta es una cuestión que se remonta desde 1998 y que, tras varias sentencias, las comunidades de propietarios de las urbanizaciones Sol y Mar y La Estrella deberían permitir al menos dos accesos para comunicar los viales Islas Baleares y San Bartolomé de Tirajana. Vecinos que no pertenecen a estas urbanizaciones vienen reclamando históricamente poder pasar de una calle a otra sin dar un gran rodeo.

El Ayuntamiento iniciará ahora de nuevo trámites judiciales para tratar de obligar a que se habiliten estos accesos. En la junta de gobierno de hoy se ha asegurado que a los vecinos se les remitió el 13 de septiembre de 2013, por parte del anterior equipo del gobierno del PP, un escrito en el que afirmaba que ya había emprendido las acciones civiles, algo que el actual Ejecutivo afirma que es ahora realmente cuando se va a poner en marcha.