La Intervención General de la Generalitat Valenciana lleva ya dos años requiriendo al Misteri d'Elx que elabore un plan de igualdad entre mujeres y hombres. Según el artículo 46 de la Ley orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres del 22 de marzo de 2007, un plan de igualdad es un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
Precisamente, uno de los muchos rasgos que caracterizan al Misteri es que todas las personas que aparecen en la escenificación son varones, incluidos las Marías o los ángeles. La tradición así lo manda y es una característica que forma parte del reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
La legislación obliga a tener un plan de igualdad a las empresas con más 250 personas en plantilla, las obligadas por convenio colectivo y aquellas en las que la autoridad laboral lo hubiera acordado en un procedimiento sancionador, donde se especificase la sustitución de las sanciones accesorias por la elaboración de un plan de igualdad.
El caso es que el Patronato del Misteri d'Elx es un ente de derecho público sometido al derecho privado y adscrito a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Por tanto, está considerado como «empresa pública» y como tal tiene que someterse a la Ley de Igualdad prácticamente como si fuera una Administración pública.
Precisamente, ayer volvía a salir el debate, por parte del alcalde de Elche, Carlos González, y del presidente de la junta rectora de La Festa, Fernando García, sobre la necesidad de que el Misteri deje de pertenecer al sector público de la Generalitat, sobre todo para poder ser mucho más ágiles.
El objetivo es que el Patronato, sin dejar de estar auditado, rinda cuentas más bien al Ayuntamiento que a Valencia, sobre todo por operatividad en numerosos frentes: desde contrataciones hasta reuniones con responsables políticos. No es lo mismo caminar un centenar de metros entre la Casa de La Festa y el Consistorio para tratar cualquier asunto o dificultad, que acudir a Valencia o remitirle toda la gran documentación que hay que presentar y justificar, por citar solo algunos ejemplos.
El alcalde advierte de la «rigidez» y el «encorsetamiento» que representa estar obligado como el resto de empresas públicas de la Comunidad pese a tratarse, en el fondo, de proteger una manifestación cultural única.
