El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, José Cholbi, se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Elche para instarle a que haga entrega a un vecino de la información urbanística que ha venido solicitando en relación con las obras del hotel en Arenales del Sol. En concreto, el afectado quería acceder, consultar y visualizar el expediente de disciplina urbanística, así como los informes técnicos de los servicios municipales respecto a este asunto. Lo curioso del caso es que el «vecino» que se ha visto en la obligación de dirigirse al Síndic porque el Consistorio no le facilita la información es funcionario municipal.
Pero aún hay más: se trata de Marcos Sánchez Adsuar, el empleado público que, además de una asociación de consumidores y usuarios, puso en conocimiento de las autoridades la posibilidad de que se estuvieran cometiendo irregularidades en las obras de rehabilitación del hotel de Arenales del Sol. A raíz de su denuncia, Costas ordenó la paralización de las actuaciones, a finales de mayo, al entender que no se estaban ajustando a la licencia de rehabilitación concedida. En consecuencia, el propio Consistorio también abrió un expediente para comprobar si el permiso de obras dado se había excedido de algún modo.
Varios casos
Al margen de esta situación, otra lectura que cabe hacer es que el Consistorio ilicitano lleva en pocos meses acumulando varios «avisos» por parte de las defensorías de los ciudadanos.
En julio del pasado año se daba a conocer que el Defensor del Pueblo, en este caso Soledad Becerril, pedía al Ayuntamiento de Elche datos sobre la tramitación para la implantación del mercado provisional en la avenida Comunidad Valenciana.
También en ese mes el Ayuntamiento recibió una llamada de atención a raíz de una queja vecinal para que el barrio de San Antón conservara el centro escolar después de que los grupos políticos con representación municipal aprobaran solicitar que dejara de tener un uso escolar.
En noviembre de 2016 también el Síndic de Greuges admitía una queja dirigida al Ayuntamiento y a la Conselleria de Educación por el estado del instituto público de la pedanía de Torrellano.
También hace unas semanas se supo que el Síndic de Greuges estaba interviniendo para pedir que se facilitara el cuarto y último informe de tráfico sobre el Mercado Central.
Ademas, hace apenas unos días, el Defensor del Pueblo volvía a requerir a las administraciones autonómica y local información de los pasos más recientes dados con respecto a la labor que están realizando en favor de la protección de los Baños Árabes ubicados junto al Mercado Central.
En esta última resolución, sobre el hotel de Arenales del Sol, el defensor del pueblo valenciano recuerda que la normativa vigente sobre acceso a la información urbanística y ambiental es contundente a la hora de reconocer el derecho a los ciudadanos a ser informados por la Administración competente de forma completa, por escrito y en plazo razonable, así como el derecho a participar en los procedimientos de elaboración y aprobación de instrumentos de ordenación del territorio, ejecución urbanística o evaluación ambiental, según esta institución.
Respuesta motivada
Los mecanismos previstos para ejercer esta participación ciudadana van desde la formulación de alegaciones y propuestas hasta la presentación de reclamaciones y quejas. «En todo caso, el ciudadano deberá obtener una respuesta motivada por parte de la Administración competente, que además facilitará, cuando se le solicite, la obtención de copias o certificación de disposiciones o actos administrativos adoptados», añade.
El Síndic recuerda que el Tribunal Supremo también se ha pronunciado sobre esta cuestión exigiendo el cumplimiento de la ley y la no privación de los medios necesarios para ejercer con pleno conocimiento la acción pública en materia urbanística.
Cabe recordar que la polémica del hotel de Arenales sigue más vigente que nunca. La empresa ya ha retirado toda su infraestructura allí tras conocer que Costas tiene previsto pronunciarse sobre el expediente incoado, por presuntamente acometer actuaciones no contempladas en los permisos concedidos, antes del verano, cuando las obras permanecen paralizadas desde el pasado mes de mayo. Las actuaciones comenzaron en diciembre de 2015 y a los seis meses fueron paralizadas.
