Está convencida de que la Justicia necesita una reforma para acabar con el descontento que tiene la ciudadanía. Así lo contempla una de las letradas ilicitanas que más proyección ha alcanzado en el ámbito de la Abogacía, tras romper barreras y llegar a cargos tan importantes como el actual. Mari Carmen Pérez Cascales apunta a la necesidad de un acuerdo entre todos los partidos para garantizar que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. La recién nombrada consejera electa del Consejo General de la Abogacía defiende la importancia del órgano al que pertenece para «tener voz» antes de que se promulguen leyes. Conseguir llevar a buen término una de las últimas reivindicaciones de los profesionales del Derecho, como es el rechazo del IVA en el turno de oficio, ha sido uno de los logros más recientes del organismo nacional del que forma parte.
¿Qué supone este nombramiento para su dilatada carrera profesional?
Para mí ha sido muy gratificante porque he pertenecido al Consejo General de la Abogacía Española como consejera nata por mi condición de decana del Colegio de Abogados de Elche durante nueve años. Ha sido muy importante que mi candidatura haya sido votada y elegida. Llevo muchos años trabajando como abogada, creo que represento a la abogacía media. Soy una enamorada de mi trabajo y decano o consejero se es circunstancialmente, pero mi condición de abogado lo seré siempre.
Un doble orgullo porque es la primera mujer que accede a un cargo de esta relevancia...
Igual que he sido la primera y la única decana de la Comunidad Valenciana y la única presidenta del Consejo Valenciano, el que haya sido la primera mujer abogada que haya sido consejera electa para mí también ha sido muy importante. Creo, honestamente, que estoy abriendo un camino y una brecha y espero que detrás de mí sean muchas las compañeras que accedan a estos puestos. Y es que realmente, en este momento, las mujeres somos totalmente minoritarias, porque en todo un Consejo General de la Abogacía Española, formado por 95 miembros, tan solo hay quince mujeres y somos muy pocas. Que en la Comunidad Valenciana, la única decana en pleno siglo XXI haya sido yo... Por eso, espero que detrás de mí sean muchas las compañeras que se animen y al menos intenten acceder a estos puestos.
¿Qué papel tiene un consejero de esta institución?
Gestionamos y dirigimos la vida o la profesión de la abogacía, tanto para defender los derechos de los abogados, como también los derechos de los ciudadanos. Evidentemente, también nos encargamos de gestionar con las instituciones. Tengo que decir que ha sido un logro del Consejo General de la Abogacía Española que el IVA no se aplique al turno de oficio. A pesar del decreto que se dictó desde el Ministerio de Hacienda, se va a promulgar una ley en el que quede clarificado que el servicio del turno de oficio es obligatorio y la retribución que se da no es por honorarios y salarios y no tiene que estar sujeto al IVA. Por ello, entendemos que debemos de tener voz y ser escuchados antes de que se promulguen leyes que afecten al Derecho, en general. También velamos por la deontología y por la vida de los colegios. El Consejo el órgano rector de toda la abogacía española, y, ahora mismo, estamos en alrededor de unos 150.00 abogados.
¿Su nuevo cargo podría ayudar a solventar algunas de las reivindicaciones que tiene todavía pendientes la Ciudad de la Justicia de Elche?
A nivel del Consejo General de la Abogacía se tratan temas más generales. En cuanto al detalle de los problemas que puedan tener en un juzgado no es lo habitual. Pero, evidentemente, algo se puede hacer, porque estamos en un sitio donde las relaciones son más fáciles y tienes acceso a las personas que, a fin de cuentas, van a decidir.
¿Qué lectura haría del actual funcionamiento de la Justicia española?
No creo que esté pasando por sus mejores momentos. Hay una sensación generalizada de que la Justicia está politizada. Y eso lleva al convencimiento íntimo de los ciudadanos de que no todos somos iguales ante la ley. Y, si a eso le añadimos una realidad tan evidente como que la Justicia es realmente lenta, crea un desencanto y una duda sobre el ciudadano acerca de la eficacia y la eficiencia la justicia. Es triste que así sea en este momento y yo espero que en cuanto a la lentitud de los tribunales y los juzgados se vayan mejorando con la implantación de las nuevas tecnologías, las presentaciones telemáticas, etc. En la Comunidad Valenciana estamos poco a poco implantando Lexnet, con el objetivo de que a finales de este año estemos todos informatizados. El rodar del día a día no es fácil, porque es un sistema totalmente novedoso al que nos tenemos que habituar. En cuanto a la sensación de que esté politizada, se necesita un gran pacto nacional de todos los partidos con relación a la Justicia para que se le dé otros aires porque lo está demandando la ciudadanía en general.
Precisamente, los juzgados de la Comunidad ya han comenzado a implantar la Oficina Judicial, ¿qué efectos tendrá para el ciudadano de a pie?
El ánimo de implantar la Oficina Judicial es rentabilizar el material humano que se tiene en los juzgados, lo que tiene que repercutir en una agilización en la resolución de los temas. Sin embargo, en Murcia, en la práctica no está resultando de tanta bondad como se pretendía. Pero, vamos, hay que darle una oportunidad, vamos a dejarle rodar y ver cómo funciona.
¿Qué reforma cree que necesita hoy día la Justicia española?
La forma en la que se nombra el Consejo General del Poder Judicial sería el primer gran escollo a salvar. Ha habido varios proyectos de reforma y, de hecho, Gallardón, en su primer programa, indicó que se iba a reformar el modo en el que se iba a nombrar a los miembros del Consejo dándole mayor autonomía a los propios jueces. El cuerpo de fiscales también, quizás en este momento, debería sufrir una modificación. Otro tema importante que también está muy discutido es quién debe de instruir en un procedimiento penal, si seguimos con los jueces de instrucción o si le va a dar definitivamente a los fiscales esa opción. Si son estos últimos los que tienen que instruir se deberá poner medios de personal auxiliar para desarrollar esa labor de investigación.
