Lejos de calmarse los ánimos en torno al proyecto del nuevo Mercado Central, la presión arrecia a medida que avanzan las semanas. Y lo hace, además, en una dirección muy clara: València. Precisamente allí es donde acaba de dirigirse un nuevo escrito, este encabezado por el Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, y su director, Hèctor Càmara, en el que hasta 126 profesionales exigen al conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà, que ponga freno al proyecto. Entre ellos, incluso hay algún compañero de filas de Marzà, como la diputada autonómica de Compromís Marian Campello, que ya en su día llevó la protección de los nuevos Baños Árabes a la Cortes; el que fuera diputado autonómico por EUPV entre 1999 y 2007 Joan Antoni Oltra; el exalcalde socialista Manuel Rodríguez Maciá, que se ha sumado a otros documentos anteriores; o Loli Asencio, una de las aspirantes a las últimas primarias del PSOE.

Ahora bien, no son los únicos. La carta en cuestión está firmada por profesionales de todos los campos, desde el arquitecto Gaspar Jaén, hasta el director de la Cátedra Pedro Ibarra de la UMH, Miguel Ors, o el de la Cátedra Miguel Hernández, Francisco Esteve; desde la exdirectora de la Escuela Oficial de Idiomas, Remei Selva, o el historiador Juan Martínez Leal, hasta el pintor Joan Castejón, o las profesoras jubiladas Lola Peiró y Margarita Fuster. Junto a ellos, figuran representantes de colectivos como Margalló, Salvem el Mercat, CC OO o STEPV, y hasta el director de Publicaciones del Institut Juan Gil-Albert, Joan Borja. En cualquier caso, destaca sobremanera el desembarco de firmantes de la Universidad de Alicante, y, entre otros, del vicerrector de Cultura de la UA, Carles Cortés; el decano de Letras, Juan Mesa; el director de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Antoni Mas; o el catedrático del departamento de Filologías Integradas Francisco Franco-Sánchez.

En el escrito, los firmantes, amparándose en la Ley del Patrimonio Valenciano, califican de inviable el proyecto de Mercado, por los daños que podría ocasionar de cara a la conservación del patrimonio ilicitano. En esta línea, ponen el acento en que el aparcamiento subterráneo, con 300 plazas proyectadas, destruiría el subsuelo de esa zona, habitada desde mitad del siglo X y principios del XI. Es más, aprovechando la coyuntura, reprochan a las administraciones implicadas que no se haya requerido una prospección más lenta y con arqueólogos contratados por instituciones independientes, «para que dictaminen sin presiones de ningún tipo», apostillan. Recriminan eso, y que en el centro sólo queden algunos edificios aislados, pese a su teórica protección legal, algo que atribuyen a la herencia de las corporaciones franquistas y a la ausencia de respeto hacia el patrimonio histórico ilicitano, según defienden literalmente. «Las sociedades civilizadas que han asumido la cultura y la historia de la ciudad como criterio sustantivo para cualquier intervención sobre sus centros históricos no tendrían dudas», apostillan en lo que parece otra sutil reprimenda a las administraciones.

No es la única razón que exponen. También alegan que el parking de la discordia entra en contradicción con uno de los objetivos de este mandato: la distinción de Capital Verde Europea 2030, por el tráfico que se generaría especialmente en la calle Salitre, en cuyos cimientos se esconden restos de muralla, o en el Carrer Major de la Vila, donde está la ermita de San Sebastián y la Casa de La Festa. Una situación que, de recibir el visto bueno, congestionaría el centro e hipotecaría futuras actuaciones en este entorno, añaden.

Así las cosas, creen que la salida debe pasar sí o sí por la rehabilitación del actual edificio y por la peatonalización de la zona, con las excepciones de rigor para residentes y servicios públicos. «Sería la solución más ajustada a la conjunción de esos intereses, públicos y privados», sostienen. Es por eso por lo que exigen a Marzà que paralice el proyecto. De momento, ésta es la primera tanda de firmas, pero siguen recogiendo adhesiones.