El Ministerio Fiscal ha pedido ocho años de cárcel y 52.000 euros de multa para el dueño de un conocido bar de Crevillent y para uno de los camareros por un presunto delito contra la salud pública, por tráfico de drogas con el agravante de que fuera en un establecimiento abierto al público.

La Audiencia Provincial, con sede en la Ciudad de la Justicia de Elche, dejó ayer visto para sentencia el juicio celebrado por unos hechos que ocurrieron el pasado verano, en plenas fiestas de Moros y Cristianos de la localidad alfombrera. A lo largo de dos sesiones, los agentes del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional de Elche, que intervinieron en las detenciones, han declarado como testigos y han acreditado ante el tribunal haber visto tres pases de droga en el interior del local crevillentino. Asimismo, los policías admitieron haber visto cómo el camarero acusado se involucraba en una de esas operaciones.

Frente a ello, el propietario del bar y el trabajador que durante estos días se han sentado en el banquillo de los acusados negaron los hechos. No en vano, el dueño del establecimiento sí que se mostró arrepentido después de reconocer anteriormente que vendía droga en su domicilio, situado a escasos metros del céntrico local, que al parecer llevaba abierto desde hace 70 años.

En este sentido, el propietario del negocio, que se encuentra en prisión provisional desde entonces, sufría una adicción a la cocaína, tal y como precisaron desde la defensa, pero descartó que utilizara su bar como «tapadera» para vender droga. De hecho, el Ministerio Público apuntó ayer que en el momento en el que fue detenido en su casa, los agentes hallaron 384 gramos de cocaína con un 66,4% de pureza, lista para ser distribuida al menudeo en unos 140 envoltorios, además de básculas de precisión y más de mil euros repartidos en billetes pequeños.

Sin embargo, pese a que los agentes afirmaron haber presenciado a escasos metros de la puerta del bar la distribución de la droga durante varios días y cómo su propietario salía y entraba a menudo, no se llegó a practicar el registro en el establecimiento público. Algo que los agentes relacionaron con una decisión tomada por parte de su instructor para no entorpecer la investigación.

Ante ello, las defensas de los dos acusados aludieron a que el atestado policial era incompleto y argumentaron ante el tribunal la inexistencia de una prueba objetiva que acreditara que en ese bar se estuviera vendiendo sustancias estupefacientes, por lo que reclamaron ante el juez que no se aplicara el agravante de venta de droga en un establecimiento público.

Por su parte, los agentes, que participaron en el dispositivo de vigilancia durante varios días, precisaron haber visto las transacciones de cocaína en pequeñas dimensiones a través de una cristalera grande que tenía el bar, situado en pleno centro de la localidad y que cuenta con numerosa clientela entre trabajadores del Consistorio y ciudadanos que acuden a diario antes o después de realizar sus trámites en el Ayuntamiento crevillentino.