Los taxistas de Elche se sienten en parte defraudados y desanimados porque las medidas que nacieron con el objetivo de frenar sensiblemente el intrusismo en el aeropuerto de El Altet, donde presta servicio permanente este colectivo ilicitano, no han dado los frutos esperados después de más de dos años desde que se pusieran en marcha acciones en este sentido.

Taxis piratas y vehículos de alquiler con conductor siguen siendo los principales causantes de que los taxistas ilicitanos vean disminuidos sensiblemente sus ingresos, en un aeropuerto que en 2016 ha superado los 12 millones de pasajeros, todo un récord.

La Asociación de Empresarios de Auto Taxis de Elche lo tiene claro: «No han dado los resultados esperados las medidas adoptadas, pese a la buena voluntad de la Policía Local y el Ayuntamiento de Elche». Esas medidas principalmente son dos. Por un lado, el establecimiento de un cupo máximo de seis servicios (recogida de clientes) al mes, desde mayo de 2014, por parte de taxistas foráneos. Por otro, la colocación, en noviembre de ese año, de una cámara que identifica las matrículas y controla el número de servicios de estos vehículos de fuera de Elche.

En marzo de 2014, los taxistas ilicitanos realizaron un paro de 24 horas en la estación aeroportuaria. Eso provocó que la Generalitat tuviera que afrontar de cara el problema y pusiera en marcha las medidas anteriormente citadas, incluso pese a mostrarse en contra desde la Cámara de Comercio de Murcia (llegó a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la instrucción de la Dirección General de Transportes y Logística de la Generalitat que limita los servicios de taxistas foráneos), hasta algunas asociaciones de taxis de localidades de la provincia.

Pero, dos años después, los taxistas de Elche aseguran que el problema, aunque se ha reducido, sigue dándose. «Con estar allí (en el aeropuerto) te das cuenta de que viene el mismo coche varias veces al día a recoger clientes. Y la Policía Local hace lo que puede, pero no puede sancionar, ni tampoco tienen claro hasta dónde pueden llegar», explica un taxista, para señalar a continuación que, como mucho, los agentes pueden hacer propuestas de sanción, pero la que la ejecuta es la Dirección General de Transporte.

Ni los taxistas ilicitanos, ni el Ayuntamiento de Elche, según confirman desde ambas partes, tienen conocimiento oficial de cuántas sanciones económicas a taxis de fuera ha impuesto la Administración autonómica desde la entrada en funcionamiento de la limitación del cupo o, dicho de otro modo, no han sido informados al respecto, aunque la edil de Movilidad Urbana, Esther Díez, tiene previsto interesarse.

Aunque los taxistas reconocen que en 2016 han visto incrementado el número de carreras por el aumento de pasajeros en El Altet, lo cierto es que recuerdan que las normas están para cumplirlas, además de pedir medios para que se hagan efectivas e incluso añadir otras nuevas que sí tengan efecto.