Segunda visita a Elche en apenas ocho meses del secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julià Álvaro, para concienciar sobre las transformaciones que se avecinan en lo concerniente al reciclado de envases. El nuevo sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR) que quiere implantar el Consell para paliar la deposición de plásticos contaminantes centró la charla ayer por la tarde en el Centro de Congresos de Elche con motivo de la sesión inaugural del ciclo «Xarrades amb Compromís».
La cuestión no es baladí puesto que supone un cambio en los hábitos del consumidor y también de bares, supermercados y distribuidores, entre otros, y, cómo no, con amplias repercusiones económicas, de ahí que el cambio que se avecina se esté encontrando con defensores y detractores. Entre estos últimos, la patronal de Valencia (CEV) ya ha dicho que denunciará ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el proyecto de ley al considerar que es contrario a la Ley de Unidad de Mercado, mientras que la patronal autonómica (Cierval), la Asociación de Supermercados Asucova o la asociación de grandes empresas Anged o la propia Ecoembes tampoco ven con demasiados buenos ojos esta iniciativa tal y como está planteada en su origen.
El SDDR supone que los recipientes de aguas, refrescos, zumos y cervezas (los que más residuos abandonados genera) se vuelven a vender con depósito reembolsable (10 céntimos). Podrán devolverse a cualquier supermercado, tienda o bar si así lo decide el propio establecimiento (uno de los cambios que últimamente se han introducido, según indicaba ayer Álvaro a preguntas de este diario). El comercio cobraría por cada envase que recuperara, bien manualmente o bien de manera automática.
Ante los detractores de esta iniciativa, el secretario autonómico responde que se muestra totalmente confiado en que el diálogo conducirá el consenso, aunque recuerda en cualquier caso que las leyes son de obligado cumplimiento para todos. «La patronal (autonómica) pidió la semana pasada una reunión específica sobre la cuestión, y sobre este tema se están manteniendo más reuniones que sobre cualquier otro asunto», recuerda Álvaro, al tiempo que señala que este sistema ya está en marcha desde hace tiempo en los países más avanzados y que forma parte de la denominada economía circular.
Comprende perfectamente a su vez que frente a este proyecto de ley haya una «defensa de intereses particulares absolutamente respetable» por parte de comercios, grandes superficies o de la distribución. «Siempre que hay cosas que vienen a perturbar, encontramos resistencias», afirma, para añadir: «Es evidente que vamos a llegar a acuerdos con los sectores más reticentes».
Julià Álvaro muestra su deseo de que esta ley pueda estar funcionando ya a mediados de 2018, por lo que señala que todavía hay mucho tiempo para debatir y encontrar puntos de acuerdo.
«Estamos ya en la redacción del anteproyecto de ley. Ya se ha hecho una primera consulta tras exponerla en la web de la Conselleria, y se han recogido iniciativas de colectivos. Ahora continuará con todo el proceso que es llevarlo al Consell y a las Cortes y previamente este proyecto va a los órganos de participación correspondiente. De hecho, el jueves se trata en el consejo asesor de Medio Ambiente, donde están desde la patronal, hasta sindicatos, pasando por grupos ecologistas, para recoger más observaciones y sugerencias», explica Álvaro horas antes de acudir a Elche.
El secretario autonómico se muestra preocupado en cierta medida de que se pueda «dar la imagen de que tenemos actitudes intransigentes o de poca cintura. Ya se han introducido modificaciones y estamos abiertos a ir modulando e ir mejorando la propuesta», concluye.
