Lo ha asumido como un error, así que hay que enmendarlo. El Ministerio de Justicia ha dado marcha atrás a la reforma del artículo 56 del Código Civil que obligaba a personas con deficiencias sensoriales a presentar un certificado médico para poder casarse. Cambiar el artículo, sin embargo, es otro cantar, ya que se enmarca en la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria que entrará en vigor el 30 de junio de 2017.

Tras las protestas del colectivo de discapacitados, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció ayer que se emitirá una instrucción para explicar que los discapacitados sensoriales no tendrán que presentar ningún papel donde un médico certifique que esa persona tiene «aptitud» para «prestar el consentimiento» y poder casarse. Catalá se refirió a esta cuestión en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta.

Durante esta comparecencia, varios senadores le preguntaron al ministro sobre el hecho de que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) haya reclamado al Parlamento que modifique el artículo 56 del Código Civil para acabar con las restricciones actuales a las personas con discapacidad.

Catalá anunció una circular que «explicitará que el dictamen médico sólo se refiere a supuestos muy excepcionales, es decir, aquellos en los que la discapacidad es muy grave y muy extrema y la persona no tiene plenas facultades para prestar el consentimiento de forma voluntaria. Por ejemplo, afectaría a una persona sorda y ciega de nacimiento o una persona con una discapacidad psíquica muy grave que no es autónoma y que depende de otra persona para hacer absolutamente todo», afirmó.

Resolución transitoria

Esta resolución irá destinada a encargados del Registro Civil, letrados de la Administración de Justicia, notarios o funcionarios con atribuciones para autorizar matrimonios y será transitoria hasta la eliminación de dicho artículo. Ahora bien, no se sabe, ni existe previsión alguna, sobre cuándo se producirá la supresión de un artículo que ha puesto en pie de guerra a todo el colectivo.

Ahora bien, si alguien piensa que con la emisión de la instrucción anunciada por el ministerio llegará la calma se equivoca. Así lo anunció ayer la valenciana Pilar Lima (Podemos), la primera senadora sorda de España. «Esta ley se aprueba en julio de 2015 y no puedo entender cómo este tema ha pasado desapercibido. Pedimos la supresión del artículo 56 del Código Civil porque una simple instrucción no es suficiente. Nosotros queremos saber quién tuvo la brillante idea de someter a las personas con una discapacidad mental, intelectual o sensorial a la obligación de pedir un certificado médico para poder casarse. ¿Quién nos legisla? ¿Cómo se redactan los textos? ¿Cómo ha pasado esto?», aseguró ayer, indignada.

Lima aseguró que el objetivo debe ser regresar al texto anterior -o mejorarlo a ser posible-, además de exigir responsabilidades. «Es decir, que yo, que soy una persona sorda, sí estoy capacitada para ser senadora, pero necesito la autorización de un médico para poder casarme. No tiene ningún sentido y más allá de saber cómo lo va a arreglar el ministro queremos que nos expliquen cómo ha pasado algo así, porque la redacción del texto lo único que demuestra -además de incumplir la convención de la ONU del año 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad- es la ignorancia que hay al respecto entre los que nos legislan, que no es poca».

Redacción de la circular

El Ministerio de Justicia no redactará la circular por su cuenta y riesgo. De hecho, el texto se realizará de forma conjunta con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Pero ahí no acaba la cosa. El Cermi, la Organización Nacional de Ciegos Españoles(ONCE), la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) también han precisado que se trabaja para revocar esta medida.

En este sentido, subrayan que la nueva redacción del Código Civil es «contraria» a los preceptos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada por España y publicada en el BOE el 21 de abril de 2008).