Los afectados por el ruido de los chiringuitos de la costa de Elche y Santa Pola han ganado una segunda batalla judicial contra los ayuntamientos de ambas localidades. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante ha condenado a ambos ayuntamientos a indemnizar a los setenta vecinos afectados por los ruidos de las discotecas que se instalaban en la zona del Cabo de Santa Pola y en El Carabassí. Esta vez por las molestias sufridas durante el verano de 2012. El fallo judicial establece una indemnización a repartir entre los afectados de 70.000 euros, que deberán pagar entre los dos municipios. Esta nueva indemnización se suma a los 127.000 euros que ya percibieron por las molestias del verano de 2010, en base a una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administración número 1 de Elche.
Durante el proceso se han analizado los supuestos daños soportados por los recurrentes, en su condición de vecinos de la Urbanización Carabassí, en el periodo estival del año 2012, por las dos discotecas localizadas en la Cala Ermita del Rosario y en la playa de El Carabassí, una en el término municipal de Elche y la otra en el de Santa Pola, pero próximas entre sí.
El informe pericial, según recoge la sentencia, registró una medición acústica que excedía a la máxima permitida por la normativa, alcanzando los 49 decibelios, cuando el máximo permitido era de 45 decibelios.
El juez considera a los ayuntamientos responsables de las molestias, teniendo en cuenta que en Elche la autorización estaba limitada al servicio de comida con prohibición de la realización de cualquier otra actividad. De hecho, informes de la propia Policía Local de Elche no recomendaban la actividad para próximas temporadas, y la Generalitat comunicó el 25 de julio de 2012 el incumplimiento de la actividad e incoación de un expediente sancionador.
En lo que se refiere al Ayuntamiento de Santa Pola, la Policía Local también desaconsejó la actividad con un informe fechado el 18 de junio de 2012, y un informe de la Dirección General de Costas advirtió que la licencia otorgada podría ser contraria a la legislación de Costas, recomendando la paralización de la actividad. El juez también destaca en la sentencia que «resulta igualmente incuestionable, dado el ámbito competencial propio de las administraciones demandadas, que a las mismas correspondía el deber de control e inspección de las actividades autorizadas».
Así las cosas, la sentencia asevera que «resulta incuestionable» que «los efectos dañosos se produjeron», debido a la omisión «de control e inspección de las actividades autorizadas» por las administraciones competentes demandadas. Además, refleja que contra la presente resolución no cabe recurso alguno.
Con esta sentencia, no acaban los asuntos pendientes en torno a las denuncias de los vecinos por el ruido en esta misma zona. En este sentido, queda por celebrarse un tercer juicio donde se reclaman indemnizaciones por las molestias del verano de 2013, y la causa penal en la que se investiga, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Elche, un supuesto delito de prevaricación en la actuación municipal de ambos Ayuntamientos y de sus autoridades públicas durante siete años, entre 2008 y 2014, en los que se permitió el funcionamiento de los chiringuitos.
En la causa penal se ha citado a declarar al exconcejal del PSOE Emilio Doménech, a los ediles del PP Justino Delgado y Luis Ángel Mateo (actualmente en la oposición) y al exalcalde de Santa Pola Miguel Zaragoza (PP). El último en declarar fue Justino Delgado, cuando dijo que «el concejal es el último en firmar el expediente, cuando ya cuenta con los informes positivos del técnico jurídico y el ingeniero, y en ese punto no vas a oponerte al criterio técnico». El edil añadió que las licencias que se dieron fueron para música ambiental y que no sería el responsable de supuestos incumplimientos.
El abogado de los recurrentes, Roberto Batllés, estimó que «la cuantía final de los daños podría superar los 250.000 euros en indemnizaciones», debido a lo que consideró como «el anormal funcionamiento ejercitado por los servicios municipales».
