02 de diciembre de 2016

Elche encargará a la UMH una radiografía de la economía sumergida para combatirla

Patronales, sindicatos y administraciones acuerdan estudiar las causas del mercado negro para diseñar medidas con las que contrarrestarlo

03.12.2016 | 23:11
Elche encargará a la UMH una radiografía de la economía sumergida para combatirla

Los agentes implicados firmarán un acuerdo social y difundirán una campaña de sensibilización social.

Poner freno a la economía sumergida. Este es el objetivo que se puso ayer la mesa compuesta por varias patronales, sindicatos y administraciones, a propuestas del Ayuntamiento de Elche, para acabar con las malas prácticas en el terreno laboral. La primera reunión se saldó con tres acuerdos, entre los que destaca la elaboración de un estudio, que se va a encargar al Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández (UMH), para medir la magnitud del problema en Elche y tratar de ponerle freno.

Este estudio, que se quiere poner en marcha en un mes, si se llega a un acuerdo con la UMH, con la que hay que firmar un convenio, tiene que tener como objetivo principal estudiar las causas y consecuencias de la economía sumergida en Elche, así como aportar medidas para erradicarla. El alcalde de Elche, Carlos González, dijo que «es importante conocer el fenómeno y los perfiles con una radiografía para trabajar medidas que permitan afrontar el problema».

Otro acuerdo al que se llegó ayer durante la primera reunión de la mesa para luchar contra la economía sumergida es la firma de un gran acuerdo social en el que se ponga de manifiesto la repulsa a esta práctica empresarial y el compromiso de luchar para erradicarla. En él estarían las firmas de todos los colectivos y entidades que componen el nuevo órgano municipal y que son el Ayuntamiento de Elche, la Generalitat Valenciana, la Inspección de Trabajo, el Servef, la Asociación de Empresas de Servicios de Elche (Aesec), la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (Jovempa), la Asociación de Empresarios del Metal de Elche (Aeme), Asaja-Jóvenes Agricultores, Terciario Avanzado, la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), la Asociación Española de Componentes del Calzado (AEC), la Asociación de Empresas Turísticas de Elche (Aete), UGT y CC OO.

Asimismo, se va a poner en marcha una campaña de sensibilización que incluirá información sobre los efectos negativos de la economía sumergida.

Para desarrollar estas acciones el Ayuntamiento de Elche cuenta actualmente en el presupuesto de 2017 con una partida específica de 6.000 euros, aunque no se descarta aumentar la financiación con cargo al área de Promoción Económica.

La reunión contó con la presencia de la directora general de Trabajo de la Generalitat Valenciana, Cristina Moreno, que insistió en la necesidad de trabajar en la concienciación de la sociedad para atajar el problema. En esta misma línea se manifestó la directora general de Empleo y Formación, Rocío Briones. Ambas destacaron la importancia de reforzar la labor de la Inspección de Trabajo para controlar que todas las actividades económicas están en regla. Es más, Cristina Moreno insistió en poner la Policía Autonómica a disposición de la Inspección de Trabajo, que depende del Estado.

Por su parte, Carlos González agradeció la respuesta de las patronales a la convocatoria y su apoyo a las medidas que se van a poner en marcha de forma inmediata, a la vez que dijo que la economía sumergida «no es un hecho singular de Elche, ni de la industria del calzado, sino que es un problema transversal. Se nos pone en el foco de la economía sumergida cuando no es así».

En este sentido, ayer las patronales del sector zapatero lamentaron que siempre se apunte a su sector cuando se habla de economía sumergida, ya que, según se dijo ayer en el Ayuntamiento de Elche, «la capacidad exportadora de las empresas zapateras es incompatible con la economía sumergida».

El primer edil ilicitano también explicó que hay dos causas que han provocado la reacción del Ayuntamiento a este problema. Una es el fraude social y las consecuencias para los trabajadores que son víctimas del mercado negro, y otra es la mala imagen que crea a una ciudad «dinámica y exportadora, que no puede permitirse parecer la cuna de la economía sumergida porque esta mala imagen es un lastre».

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