¿Cuál es la situación actual de aplicación de la ley?

Los datos son muy variables, pero, según el Observatorio de la Dependencia, en España han muerto 100.000 personas sin que les llegara recurso alguno. En la Comunidad Valenciana, 30.000 han fallecido teniendo reconocida la dependencia o habiéndola solicitado y sin haber percibido ayuda. Hay mucha gente que se ha quedado por el camino sin que le llegaran a firmar el PIA (Plan Individualizado de Atención, donde se identifica el grado de dependencia y la ayuda que corresponde, desde un centro de día a una residencia, o cuidador no profesional...).

¿Y en Elche?

En la provincia de Alicante se está probando que sean los trabajadores sociales lo que hagan la valoración del dependiente. Debería de ser más rápido, pero parece que a los ayuntamientos les ha desbordado la situación. En Elche, los últimos datos dicen que mil personas están por valorar. Podríamos estar en 5.000 dependientes entre los que están pendientes de valorar, los valorados (unos 3.000) y los que no lo piden. Mucha gente se desanimó por el papeleo y porque se ha llegado a tardar cuatro años para reconocer la dependencia. El Ayuntamiento de Elche, al inicio de la ley, tenía un servicio jurídico para asesorar, un «minigabinete» que con el PP desapareció -aunque decían que se mantenía, pero en la práctica no daban cita- y ahora estamos pendientes de que cumplan con la promesa de volverlo a abrir. Es importante, porque la gente no sabe lo que tiene que hacer a nivel jurídico y cuesta mucho dinero.

¿En qué ha cambiado el panorama en la última década?

En la Comunidad estuvo desde el principio boicoteada por el PP. Se dieron prisa en valorar a los que estaban en centros para que el Gobierno pagara su parte, pero los atendidos en casa esperaron dos años para empezar a ser valorados. Ha primado una visión de negocio.

¿Y cómo valora la actualidad?

La ley está algo destrozada desde que un decreto de Rajoy quitó la Seguridad Social a los cuidadores, rebajó las prestaciones del Gobierno central un 15% o amplió a dos años el tiempo que tiene la Administración para contestar a nuestras solicitudes, cuando en todos los demás ámbitos son seis meses. Es una discriminación sin justificación. En la Comunidad ahora han aumentado casi todas las prestaciones, han pagado los atrasos de la retroactividad de años... Aún tenemos que conseguir que se recupere el espíritu de la ley, que era ayudar a los dependientes y favorecer su autonomía.

¿Cómo lo ha vivido, como madre de un gran dependiente?

Cuando nos enteramos de que la estaban proyectando y se aprobó estábamos esperanzados. Pero pasaron los meses, y nada. Pasaron años hasta que nos dimos cuenta de que la estaban boicoteando, y en 2008 empezamos a organizarnos.