«Mientras mi mujer estaba en el hospital de parto, yo estaba vaciando los muebles de una casa que no podíamos pagar. Cuando nació mi hija nos fuimos a dormir los cinco a un colchón en el suelo a la casa-cueva de mi madre». En esas se tuvo que ver Ramón Fernández para decidirse a saltarse todos los cauces y aferrarse a una casa que no era suya. Era -y es- propiedad de un banco. Una entidad que en su día se quedó con ella a consecuencia de una hipoteca impagada y que la tenía vacía. Dicen Ramón y su mujer Rosario Amador que no lo sabían, que ellos habían acordado un alquiler con un chico al que creían propietario y que les dio las llaves, se despidió diciendo que traería el contrato y no volvió. Pasaron unos días hasta que se presentó a tocarles la puerta un representante del banco, al que le dijeron que igualmente no se iban.

Sea así o de otra manera, esta pareja de 24 y 28 años (que tiene una niña de cuatro años, un bebé que no ha cumplido el año y un chico de una pareja anterior de él que tiene ya diez años y pasa fines de semana alternos con ellos) lo tiene claro, no tiene a donde ir, y allí se queda. Tienen en eso el respaldo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Elche, que reconoce que su principal trabajo últimamente consiste en asesorar a gente que quiere hacer lo mismo. Es decir, en ayudar a familias que no tienen hogar (ni recursos para pagar uno) a localizar una vivienda de un banco y a ocuparla vivienda de un banco por los medios que tengan a su alcance para después negociar un alquiler social esgrimiendo razones de dignidad y derechos humanos.

Nuria Álvarez, que se encarga de este apartado de «obra social» que tiene la PAH, cuenta que la clave es la web «www.lasarebesnuestra.com». Ahí, en la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, es donde están los pisos que STOP Desahucios considera lícitamente ocupables.

«Somos una pareja con una niña de dos años y embarazada de cuatro meses, estamos cobrando la alluda (sic) a familias de 426 euros al mes no podemos pagar un precio de mercado». Es el escrito que una de las familias ha dirigido al Ayuntamiento y a la Generalitat, registrándolo en la OMAC y el PROP. A continuación solicitan «una vivienda de alquiler social». Es ese el primer paso que tienen que dar, explica Nuria Álvarez. Lo primero, por tanto, es pedirle ayuda a las administraciones autonómica y local, que les conste que hay una familia en apuros. No servirá de mucho, ya lo saben, porque no hay pisos públicos que puedan ofrecerles, pero hay que dejar constancia porque no pretenden convertirse en «okupas» clandestinos. Lo que quieren es visibilizar su situación y regularizarla, y por eso acceden a abrir las puertas de «sus» casas a INFORMACIÓN.

«No son gente que ha ocupado un "chaletazo"», dice Gloria Marín, representante de la PAH en Elche. Al contrato, explica Nuria Álvarez que después de haber registrado los escritos «les decimos que busquen una vivienda de las que tenemos en un listado de la SAREB, una casa que se ajuste a las necesidades de su familia según los miembros que tenga». Pisos antiguos sin ascensor, a veces necesitados de buenas reformas. Eso es lo que buscan, según dicen.

El vacío en la historia está en cómo entran a las casas. Eso no lo cuentan, pero se intuye en el ambiente que incluso hay quien se ha montado un negocio en torno a eso. En cualquier caso, la PAH contacta después con el banco, le notifica que han ocupado una vivienda de su propiedad, y le pide que establezca un alquiler social que la familia pueda pagar para regularizar su situación. Algunos acceden. Fue el caso de Rosa Martín, que paga 150 euros por su casa a una entidad bancaria. En esta lucha la PAH ya lleva años, y considera que se está comenzando a conseguir cierta actitud positiva por parte de las entidades bancarias, que ya no descartan de plano la acción.

Josefa Fernández tiene una niña y está embarazada. Vive desde mayo en una vivienda del IVSA en los Palmerales. «En una inmobiliaria te piden meses por adelantado, y los alquileres de 350 euros al mes no los podemos pagar porque no tenemos ingresos», dicen Luisa Torres, Sebastiana Moreno, Anabelén, Isabel, Severiano... Las suyas son algunas familias aproximadamente que la PAH reconoce tener en Elche en esta situación: «Son más de treinta o cuarenta familias que han optado por la "recuperación de vivienda" (en los términos que usa la PAH), que llegan diciéndonos que no tienen dinero, que están en la calle y no pueden pagar un alquiler», según Nuria Álvarez.

Desde el momento en que se instalan, se presentan a la comunidad de vecinos. Se ofrecen a pagar gastos que, en algunos casos, los bancos han dejado de abonar. Intentan poner a su nombre luz y agua, empadronarse... «No destrozamos la vivienda, la arreglamos», dicen. La PAH les recomienda que guarden facturas y todo tipo de gastos, para que en el caso de llegar a los tribunales se vea que ellos están colaborando en mantener las casas en condiciones. «A los vecinos les viene bien porque el banco no paga, y porque», aseguran. «Cuando me den una vivienda o pueda pagarla, yo me voy. No quiero quitarle al banco la propiedad del piso, le pido que me lo alquile y quiero pagarle», dicen otros.

A Rosario y Ramón el banco les denunció por un delito leve de usurpación en febrero de este año, alegando que habían «perturbado la posesión (?) a sabiendas de la oposición expresa de su propietario». La magistrada del Juzgado de de Instrucción 4 de Elche les absolvió. Dice entre otras cosas que «los hoy denunciados se encuentran empadronados a su nombre, están efectuando gestiones para tratar de abonar los suministros de luz y agua así como intentando gestionar un alquiler social, habiendo informado de ello a la entidad».

El fallo judicial expresa que la mera comunicación verbal por arte del banco no justifica que sea contrario a la ocupación, no sirve para aplicar el tipo penal, y que en todo caso correspondería la vía civil para recuperar la posesión. Mientras tanto, para la plataforma «antidesahucios», lo que estas familias hacen es pura necesidad y no un intento de aprovechar las circunstancias. Sencillamente, una acción desesperada para ganar tiempo hasta que su situación económica mejore o las administraciones articulen recursos sin tener que esperar en la calle. «Esto hay que vivirlo para contarlo, si el Ayuntamiento tuviera para nosotros una casa de alquiler social o nos diera ayuda yo esto no lo haría», concluye Ramón.