DYA vuelve a ser en Elche objeto de polémica. En enero de este año trascendió que el equipo de gobierno iba a investigar distintos convenios y facturas que dicha ONG había estado mantenido en los últimos años con el Consistorio ilicitano. La polémica con DYA arrancaba en realidad cuando en su día la entonces edil de Emergencias, Cristina Martínez, decidía hacer público que había detectado que algunos convenios no estaban siendo cumplidos por la ONG, y, además, al parecer, se habrían facturado algunos servicios de una manera indebida. DYA, por su parte, siempre negó tales acusaciones y ha venido defendiendo en todo momento su trabajo y a sus voluntarios y empleados.

Luego sobrevino que se le retirara a DYA el taller de respiro familiar, así como el servicio de ambulancias «municipal». Precisamente, uno de los factores que llevaron a que el anterior tripartito con Ilicitanos por Elche se quebrara fue el hecho de que se conociera que DYA iba a empezar a recuperar servicios con el Ayuntamiento.

Y, con este pasado reciente, estos días ha trascendido que DYA vuelve a retomar, once meses después, el servicio de atención sanitaria municipal -en este caso con un contrato por seis meses y 60.000 euros- para eventos deportivos, culturales o festeros. Pero, al mismo tiempo, se daba a conocer que se enfrenta a una posible sanción de hasta 7.000 euros por posibles incumplimientos en cuanto al número mínimo de personal en las playas ilicitanas durante la pasada temporada de baño.

Asimismo, Turismo va a volver a sacar la contrata de esta prestación aunque cabía la posibilidad de prorrogarla otros dos años más con DYA. La polémica así ha vuelto a reabrirse.

Ante todo esto, desde Ilicitanos por Elche, el edil Fernando Durá, criticaba ayer por un lado que la edil de Turismo, Mireia Mollà, negara que hubiera algún problema con el servicio de socorrismo, y que ahora sí que lo hubiera reconocido después de que Ilicitanos lo hubiera investigado; y, por otro, consideraba que la infracción de DYA podría ser no grave, sino muy grave, por lo cual la sanción, que se estudiará mañana en el consejo rector de Visitelche, no debería ser de hasta 7.000 euros, sino de hasta 15.000.

Ilicitanos por Elche también calificó ayer de «preocupante» que DYA vuelva a hacerse con el servicio de atención sanitaria municipal, aunque matizó que, por supuesto, tiene derecho a presentarse a cualquier concurso, al tiempo que se advirtió que la formación exigirá el cumplimiento exhaustivo de las condiciones del contrato.

A todo esto, desde el equipo de gobierno se manifestaba al respecto que el hecho de que DYA haya recuperado el servicio de ambulancia en el municipio responde a una decisión absolutamente técnica, no política.

El tripartito aclara que dada la urgencia del servicio se optó por hacer un contrato negociado sin publicidad, «que permite más celeridad. Además, la gestión de la anterior responsable de Emergencias obligaba a optar por este procedimiento al haber consumido la mayor parte de la partida presupuestaria para este ejercicio».

Para esta contratación se invitó a cinco empresas, de las que concurrieron dos «y fueron los técnicos quienes decidieron que la oferta de DYA era la más ventajosa para los intereses municipales».

¿Y qué hay de la investigación que trascendió?: «No tenemos constancia de que ningún miembro del actual equipo de gobierno haya encargado la misma. En su día se consultó a los servicios jurídicos municipales y no observaron ninguna irregularidad, nunca se llegó a abrir una investigación», indican desde el tripartito. Punto y seguido en el culebrón entre el Ayuntamiento y DYA.