Las ejecuciones hipotecarias que acaban con familias perdiendo sus viviendas por no haber podido hacer frente a los pagos de la hipoteca no son cosa del pasado. Más bien al contrario, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) denuncia que se siguen produciendo dos de estos lanzamientos cada día en Elche -los popularmente conocidos como desahucios-, y que esa media refleja una situación sostenida en el tiempo. En contraste, la PAH reconoce que socialmente la problemática pasa algo más desapercibida, y que los casos que los voluntarios detienen con su intervención y protestas solo son la punta del iceberg. Gloria Marín, una de las portavoces de la PAH en Elche y Crevillent, defiende que esos datos están contrastados con el personal del Servicio Común de Notificaciones de la Ciudad de la Justicia de Elche y que se han mantenido en los dos primeros trimestres del año, manteniendo los datos de 2015 que recoge en sus estadísticas el Consejo General del Poder Judicial.

Ante este panorama, la PAH ha detectado también un aumento de desahucios propiamente dichos (es decir, los que corresponden a impagos de alquiler y no a hipotecas con los bancos), pero que en estos casos la plataforma no puede hacer nada siempre y cuando los propietarios que reclaman que la vivienda sea desalojada sean particulares (porque, al fin y al cabo, también ellos son perjudicados por la crisis de la vivienda).

En este marco, la función de «obra social» que gestiona la PAH respalda a familias que optan por ocupar directamente viviendas que los bancos tienen vacías. De esta forma, más de una treintena de familias se han instalado a vivir en casas que estaban cerradas y que son propiedad de entidades bancarias. Es más, Nuria Álvarez, de la PAH de Elche, confirma que cada vez más se está optando por esta opción. Primero se ocupa una vivienda que cumpla las características y posteriormente se negocia con el banco un alquiler social.

La portavoz sostiene que en los últimos meses se han conseguido algunos de estos acuerdos y que, en otros casos, los bancos optan por denunciar en los juzgados y por lo Penal a quienes se cuelan en las viviendas por esta vía, que defiende como una salida desesperada para quienes no tienen otra opción habitacional y no reciben una respuesta por parte de las administraciones autonómica y locales, que no tienen pisos para poner a su disposición.

Mientras, la PAH reclama una ley autonómica que regule estas cuestiones y que impida las ejecuciones hipotecarias (es decir, que los bancos expulsen de las viviendas a quienes no pagan las hipotecas). Los juzgados de Primera Instancia de Elche ingresaron 620 demandas de ejecución de este tipo en 2015. La cifra refleja un aumento importante con respecto a las 525 del año anterior. Además, aún se resuelven más de las que se ingresan, puesto que en ese año 2014 los juzgados ilicitanos resolvieron 739 demandas de ejecución hipotecaria.

A nivel nacional el Consejo General del Poder Judicial ha detectado que en 2015 se redujeron un 1,1% el número de lanzamientos practicados, que fueron de 67.359 en toda España. No todos son viviendas (también hay fincas o locales) ni tampoco en todos los casos corresponden a domicilios habituales. Ese descenso, que reconoce la plataforma, está lejos de ser significativo en opinión de las personas que se han visto afectadas.

Gloria Marín sostiene que «en Elche tuvimos un lanzamiento a principios de octubre en los Pisos Azules, paramos otro más y conseguimos que se fijara un alquiler social, y se ha conseguido suspender otro desahucio previsto para el día 19... Y esto es la punta del iceberg, porque estamos hablando de los lanzamientos que se efectúan, que suponen 41 casos en la Comunidad Valenciana cada día laborable».

En la mayoría de los casos, los lanzamientos corresponden a ejecuciones hipotecarias (un 60% aproximadamente) y el resto son alquileres. «Esta es la estadística de lo que está pasando realmente, nosotros estamos parando todos los desahucios que nos llegan, pero queremos una ley para los casos que no conocemos y para que se concedan las moratorias (que según el Gobierno se aplican al 8% de los casos), la dación en pago o las reestructuraciones de deudas, que ya están por ley pero que a veces los bancos niegan a los afectados aunque tengan derecho».

«No es real que ya no tengamos este problema: es cierto que han bajado un 10% o 12% los procedimientos que se inician para ejecuciones, pero, como pasan unos años hasta que se resuelven, aún estamos con los que se presentaron hace unos años. Cada semana nos llegan a la PAH cinco o seis casos de personas pidiéndonos ayuda».