Compromís no tenía ayer más remedio que ser fiel a sí mismo. El partido que forma el tripartito con PSOE y el Partido de Elche no quiere, desde hace tiempo, saber nada de cualquier actuación que desde el Ayuntamiento dé pie a remar en favor de que el proyecto privado previsto para el Mercado Central salga adelante.

Una vez puesta sobre la mesa de forma clara su postura en contra de que se materialice la iniciativa que impulsa Aparcisa, en un contrato firmado durante la etapa del PP y a dos meses de que se celebraran las elecciones municipales que permitieron el cambio de gobierno, los ediles de Compromís estaban prácticamente obligados a levantarse ayer de la junta de gobierno local cuando se votaba el punto 8.2 del orden del día.

El mismo consistía en autorizar actuaciones previas para iniciar excavaciones en el interior del Mercado Central. Esto, dicho de otro modo, supone permitir que a partir del próximo lunes, y tras el acta de replanteo, la empresa concesionaria del nuevo proyecto, Aparcisa, lleve a cabo la demolición de los puestos y demás actuaciones en la planta baja para permitir que, posteriormente, se puedan llevar a término las esperadas catas arqueológicas. La intervención, supervisada por la Conselleria de Cultura, será fundamental para saber si habrá o no nuevo centro de abastos.

Como Compromís no quiere ceder ni un centímetro con respecto a su postura en contra del Mercado, sus tres concejales que participan en la junta de gobierno -Felip Sánchez, Esther Díez y Antonio García-, junto con Mireia Mollà, que, aunque no forma parte de la misma, suele estar presente, abandonaron su silla para no tener que pronunciarse ni en un sentido ni otro sobre este asunto.

«Por coherencia», justificó ayer Antonio García esta decisión de Compromís de abandonar a sus socios del PSOE y el Partido de Elche en otro aspecto más relacionado con la polémica del Mercado.

Postura clara

El pasado mes de julio Compromís ya dejó claro que no volverá a sentarse ni en una mesa en la que esté la empresa Aparcisa, ni hará nada que permita que la iniciativa impulsada en su día por el Gobierno de Mercedes Alonso llegue a buen puerto. Ni Mercado Central como el proyectado por la concesionaria, ni aparcamiento soterrado para cerca de 300 vehículos, ni poner en peligro ni a la mínima los Baños Árabes excavados de manera anexa al edificio de comestibles.

Precisamente, las catas arqueológicas, que podrían arrancar en unas dos semanas, una vez quede libre la planta baja, son las que tienen que determinar si en el subsuelo hay más restos islámicos u otros de valor cultural y patrimonial que haya que proteger. Si esto es así, Aparcisa tendrá que coger las maletas y marcharse, todo ello sin ver un euro de compensación y sin saber qué pasaría con los vendedores desplazados al mercado provisional. Si finalmente no hay nada que salvaguardar, las obras del nuevo Mercado deberán comenzar, le guste o no a Compromís y al PSOE, ambos en contra del proyecto, pero con filosofías distintas desde las obligaciones que implica gobernar.

El PSOE reconoce que no le gusta el proyecto, pero recuerda que existe un contrato público firmado entre la Administración local y una empresa que debe cumplirse. Los socialistas le reprochan a sus socios de Gobierno que, primero, no ofrezcan una alternativa coherente sobre qué futuro alternativo le darían al Mercado; y, segundo, que como parte gobernante se posicione a favor de romper un contrato de forma unilateralmente, lo que podría llevar al Consistorio, y por extensión a todos los ilicitanos, a pagar, seguramente, una indemnización millonaria a la concesionaria, lo que dejaría temblando las cuentas municipales.

Compromís dijo en julio que apostaba por algo así como un modelo público-privado, fondos mixtos para rehabilitar el edificio.

En cualquier caso, mientras Compromís no va a mover un dedo por la propuesta de la empresa privada, el PSOE -y por extensión también el Partido de Elche- defiende que sí está siendo verdaderamente responsable. «A nosotros nos preocupa la situación del proyecto y que esto tenga una solución adecuada para los intereses de la ciudad», han insistido en más de una ocasión desde el PSOE.

A finales de junio, cuando Mireia Mollà anunció que llevaría al pleno una moción para que se instara a la Conselleria de Educación y Cultura a que declarara Bien de Interés Cultura (BIC) los Baños Árabes, el PSOE no tardó en salir al paso y anunciar que no le gustaba la moción y que votaría en contra, como así fue. Mollà reprochó por su parte al PSOE que no hubiera informado a todo el tripartito de que existía documentación relativa al edificio de abastos de la que solo tenía conocimiento Urbanismo, como escritos del Defensor del Pueblo o de la Conselleria de Cultura.

Sea como sea, Compromís se levantó ayer de la junta de gobierno al igual que ya lo hizo el 31 de julio, cuando se abordaron en este órgano las concesiones de explotación de los vendedores. Esta es una decisión que el PSOE respeta, aunque no la comparta.

Cambios para el lunes

Precisamente, estos minoristas, tal y como ya avanzó este diario, quedarán reagrupados a partir del lunes en la primera planta. Seis vendedores se sumarán a los ocho que continúan con su actividad en el primer piso. Esto permitirá dar paso a la empresa que llevará a cabo las catas, para lo que se dispone de un plazo máximo de seis meses, aunque se calcula que podrían estar listas en tres o cuatro.

Por otra parte, tras la junta de gobierno de ayer, se avanzó que el presupuesto municipal de 2017 rondará los 170 o 171 millones de euros, después de que se haya aprobado el límite de gastos no financieros para el nuevo ejercicio. El actual presupuesto del Ayuntamiento asciende a 168,9 millones de euros.