La empresa propietaria del hotel de Arenales del Sol va disponer en breve plazo de un informe económico acerca de lo que la Administración central, a su juicio, debería compensar a la firma por daños y perjuicios y por el rescate de la concesión.
Fuentes próximas a Princesol, que proyectaba devolver a la vida en 2017 el hotel tras tener previsto invertir entre 8 y 11 millones de euros, indican que su paciencia está a punto de agotarse tras más de cinco meses de parálisis de las obras de rehabilitación, por incumplimientos a la hora de ejecutar el proyecto presentado ante la Dirección General de Costas.
La reunión el martes en Madrid con responsables del Ministerio de Medio Ambiente, de la que salieron «descorazonados» y «tristes», según sus propias palabras, ha contribuido a que la mercantil esté preparando un informe económico por si ocurre lo peor: desistir del proyecto definitivamente.
En caso de llegar a este extremo, la firma está dispuesta a reivindicar lo que considera justo, es decir, una indemnización por daños y perjuicios, además del rescate de la concesión.
Por un lado, fuentes próximas a la empresa señalan que la indemnización económica a exigir ante Costas por la paralización durante estos casi seis meses de las obras en el hotel «sería lo de menos» en comparación con los daños y perjuicios que consideran que se han visto afectados durante prácticamente quince años.
En este sentido, se recuerda que parece que el propio Gobierno haya querido actuar en contra de la ley, puesto que han sido necesarias, entre otras, una sentencia de la Audiencia Nacional y un pronunciamiento del Tribunal Supremo, primero reconociendo a Princesol su derecho a la concesión administrativa y, posteriormente, decretando la ejecución de la resolución judicial, para que Princesol pudiera desarrollar su actividad.
La parte interesada recuerda que adquirió el hotel antes del primer deslinde de Costas y que el Ministerio no quiso pagar la expropiación, sino que, a cambio, otorgó una concesión.
En este sentido, la mercantil va a valorar lo que le han supuesto estos prácticamente quince años de lucro cesante por el incumplimiento de lo dictado en los tribunales, pero a eso le va a sumar lo que representa el rescate de la concesión de aproximadamente 6.500 metros cuadrados en primera línea de playa.
En caso de que Costas no resuelva el actual expediente de manera ágil, Princesol acudirá a la vía administrativa para exigir la correspondiente indemnización al Ministerio de Medio Ambiente. Incluso, como temen que no lleguen a un acuerdo por vía administrativa, el siguiente paso sería acudir a los tribunales ordinarios, por lo que posiblemente la cuestión acabaría en la Audiencia Nacional.
Preguntada la empresa si también solicitarían daños y perjuicios al Ayuntamiento de Elche, esta respondió que «ese es otro problema. Dependerá de si el Ayuntamiento persiste en su actitud».
Por su parte, el alcalde de Elche, Carlos González, quien el martes, tras la reunión en Madrid de Princesol, mantuvo un contacto telefónico con Costas, quería dejar claro que de nada «serviría una resolución de las alegaciones (municipales) si no hay una resolución previa de las alegaciones de la Dirección General de Costas».
¿Resolución en dos meses?
En esa conversación telefónica el primer edil volvió a pedir celeridad a Costas, mientras que, por su parte, la edil popular Mercedes Alonso -que estuvo en esa reunión en Madrid- sorprendía ayer afirmando que muy probablemente la decisión sobre el hotel, sea cual sea, se conocerá antes de dos meses. Por primera vez alguien da un plazo. Otra cosa es ver si se cumple.
Alonso también constató que Princesol podría pedir indemnizaciones económicas, no solo a Costas, sino también al Ayuntamiento, por los gastos realizados y el lucro cesante. Es decir, de nuevo la cuestión del hotel podría volver a los tribunales.
A todo esto Alonso también se hacía eco de que la empresa ya ha solicitado a Costas retirar el bombeo del agua de los cimientos del hotel, ya que supondría un gasto mensual de 22.000 euros, así como derribar parte de la estructura. Al no evacuarse el agua, hay peligro de que ésta colapse y se venga abajo de manera descontrolada. Alonso dijo que, si el bombeo se retira y se produce un episodio de lluvias torrenciales, la estabilidad del edificio podría quedar comprometida.
