09 de noviembre de 2016
Hasta que estudie las alegaciones

Costas mantiene el bloqueo indefinido del hotel de Arenales

La empresa ya ha pedido permiso para retirar el bombeo del edificio, lo que a efectos prácticos sería el primer paso para derribar la estructura

10.11.2016 | 00:59
Costas mantiene el bloqueo indefinido del hotel de Arenales

El Gobierno central sostiene que las obras de rehabilitación se deben ajustar a la normativa y que eso es lo que se debe aclarar.

En punto muerto. Así sigue cinco meses después el hotel de Arenales de Sol, después de que el Gobierno central, tras las denuncias presentadas por la Asociación de Consumidores José María Mena y el funcionario del Ayuntamiento de Elche Marcos Sánchez Adsuar, decretara la paralización de los trabajos al entender que la concesionaria, Princesol, se había excedido de la licencia, y había derribado partes no autorizadas. Lo peor es que la reunión de ayer entre los responsables de la empresa y Costas –la primera que se produce en estos cinco meses en Madrid– no apunta a que ese bloqueo se vaya a levantar de hoy para mañana. Desde Madrid, mantienen su postura de que deben estudiar al milímetro todos los expedientes, pero siempre, como se reafirmaban ayer, de forma literal, «respetando los límites que marca la normativa de Costas». Las presiones valen de poco, por no decir de nada. Mientras, en el lado de la concesionaria, el desánimo crece por momentos. Después de todos los meses transcurridos, son conscientes de que no van a llegar ni por asomo a ese horizonte de 2017 que se habían fijado para la inauguración. La situación es tal que incluso ya han pedido permiso para retirar el bombeo lo que, a efectos prácticos, significa tirar la toalla. En caso de que, finalmente, reciban el visto bueno de Costas, ése será el primer paso para acabar derribando la macroestructura que hoy por hoy preside la primera línea de playa.

Para Costas, y así lo dejaban claro tras el encuentro, la situación es la que es. El Ministerio de Medio Ambiente autorizó la rehabilitación del hotel Arenales para que pudiera volver a abrir la persiana 40 años después. Ahora bien, como alertaban ayer desde el Gobierno central, «esas obras de rehabilitación debían, y deben, respetar los límites que marca la normativa de Costas, y, durante la ejecución, se detectaron determinadas circunstancias que han obligado a este Ministerio a comprobar si esos límites se han superado realmente».

Fase de instrucción
De momento, desde Madrid alertan que aún están en fase de instrucción de unos expedientes de los que la firma concesionaria, como apostillaron, es perfectamente conocedora. «Recientemente ha tenido acceso a los expedientes y ha presentado unas alegaciones que se están analizando con carácter previo a la resolución que proceda conforme a derecho, no pudiéndose prejuzgar el resultado», sentenciaron. «En todo caso, es objetivo de este Ministerio proteger las playas y también las actividades económicas que existen legalmente es nuestro litoral, respetando los límites que marca la normativa de Costas. Lo que se está haciendo ahora es contrastar ambas cosas y, en este sentido, ha sido informado el concesionario», añadieron las mismas fuentes.

De momento, y como ya le trasladaron en septiembre a la delegación ilicitana, capitaneada por el alcalde, Carlos González, la Dirección General de Costas quiere estudiar con detenimiento las alegaciones presentadas por la empresa. Hasta entonces, no darán ningún paso en falso. No obstante, en el Gobierno central ya llevan unos meses apuntando hacia la idea de que sea la Audiencia Nacional la que se pronuncie sobre el modo en el que se debe ejecutar la sentencia, y si puede haber algún tipo de suspensión o de nulidad.

Desde el principio, para Costas, el problema es que el proyecto que en su día presentó la empresa no se ha cumplido. Eso es lo que, a efectos prácticos, hace que el cumplimiento de la normativa vigente sea incompatible con el de la sentencia que dictó en su día la Audiencia Nacional: con las variaciones introducidas, para ajustarse a la ley hay que incumplir la sentencia y viceversa, y así lo han venido deslizando desde el Gobierno central casi desde que se decretó la paralización de la obra. Sea como sea, por el momento, se muestran cautos, y dicen que esperarán a mover ficha una vez que hayan estudiado las distintas alegaciones.

Audiencia Provincial
Mientras tanto, desde la otra parte insisten en que precisamente se están basando en esa sentencia de la Audiencia Provincial, además de cumplir con los códigos técnicos, la normativa urbanística y la legislación en cuestiones de sismorresistencia. De «descorazonada» calificaron ayer fuentes de la empresa Princesol este encuentro en Madrid, el primero desde que hace casi medio año se decretara la paralización.

Con cara de póquer se puede decir que salieron los representantes de la firma después de hora y media de reunión. «Hemos notado una cierta frialdad y me temo que no pinta nada bien», apuntaban también desde la parte privada, con una sensación a medio camino entre la impotencia y la indignación, algo nada nuevo después de meses de incertidumbre.

La comitiva desplazada a Madrid tuvo oportunidad de realizar un resumen explicativo de lo que se había acometido en el hotel y de cómo veían ellos la situación a pie de obra, no desde un despacho.

«No hemos incumplido ningún proyecto, ni hemos afectado un metro cuadrado más, ni en volumetría ni en superficie», insisten en defender desde la empresa, al tiempo que subrayan que si ha habido que sustituir unos elementos por otros se ha debido exclusivamente a razones de «seguridad laboral y lógica constructiva».

La firma tiene claro que en este impás no se puede sostener permanentemente, por lo que de momento ya ha pedido a Costas retirar el sistema de bombeo que evita que se aneguen parte de los cimientos, pero que le supone un coste a la firma de unos 22.000 euros en electricidad. Paralizar la evacuación del agua supone el principio de que la base de la estructura se deteriore y, por tanto, se abra la puerta al colapso parcial o total de la estructura. Antes de que esto pudiera ocurrir, es probable que se solicite su derribo por motivos de seguridad.

Por último, desde la empresa se afirmó que esta reunión había sido posible gracias a la mediación de la anterior alcaldesa de Elche y diputada provincial Mercedes Alonso, a la que le están agradecidos, aunque el encuentro haya servido, a su juicio, de bien poco.

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Elche/Baix Vinalopó

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