Dos personas se sentaron ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial en Elche acusadas de un delito de tráfico de drogas y se enfrentan a penas que van de los tres a los ocho años de prisión. Los hechos por los que ayer se les juzgó en la Sección VII se remontan a la mañana de del 16 de marzo de 2010, cuando la Policía Local les paró en un control ordinario de tráfico en Orihuela Costa sobre las once de la mañana. Al parecer, según las conclusiones de ayer en el juicio del fiscal anticorrupción, la actitud de nerviosismo de los tres ocupantes del coche despertó las sospechas de los agentes, que registraron el vehículo y encontraron en el maletero una bolsa con casi un kilo de anfetaminas. Los tres fueron detenidos, aunque uno de ellos ha sido declarado en rebeldía y no se presentó ayer al juicio.

En concreto, en el maletero llevaban 952 pastillas de un 22% de pureza que habrían alcanzado los 20.000 euros de valor en caso de haber llegado a venderse. Los ocupantes del coche fueron entonces detenidos y se realizaron ya con autorización judicial registros en dos domicilios, donde se encontró el resto de las sustancias ilícitas.

Según cree el fiscal, el hombre que conducía el coche era el propietario de la droga y los otros dos estaban actuando como cómplices para intentar no llamar la atención en un traslado de la mercancía a otro lugar para ser vendida. De hecho, se registraron dos viviendas del conductor -una a nombre de su padre y otra su residencia habitual- y allí se encontraron más de mil dosis de LSD (con un valor de 4.500 euros), casi diez kilos de tabletas de hachís de diferentes composiciones, cuatro gramos de cocaína y diez de «cannabis sativa». También se localizaron libretas donde había anotados nombres y cantidades (lo que se considera una muestra de la actividad habitual de venta de la droga), una balanza de precisión y algo más de mil euros en efectivo presuntamente procedentes del tráfico de drogas.

Por estos hechos, que ayer se pusieron de manifiesto en el juicio y que una de los acusados admitió ante el tribunal, el Ministerio Fiscal solicita que el conductor del vehículo pase ocho años en prisión como responsable de un delito contra la salud pública, agravado por tratarse de sustancias que causan grave daño a la salud y por la notoria importancia de la cantidades intervenidas. Los otros dos eran considerados cómplices y para ellos se solicita que la pena sea de tres años de prisión. En cuanto a las sanciones económicas, el fiscal antidroga cifra en 26.000 euros la multa que debería pagar el principal acusado y 20.000 euros la de los otros dos.