La desafección del ciudadano con sus representantes políticos y el descrédito social de las instituciones nacidos específicamente de la corrupción preocupan al Consell, hasta el punto de haber redactado un «código de buen gobierno» al estilo de una lista de compromisos éticos que firman por obligación los altos cargos y al que se adhieren voluntariamente otros políticos. Ayer buena parte de la Corporación ilicitana estampó su firma comprometiéndose con una lista de directrices de comportamiento ejemplar entre las que se encuentra ejercer el cargo desde la aconfesionalidad, implicarse en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres o con la defensa del valenciano, mostrarse austeros en sus desplazamientos o no tomar decisiones en beneficio de familiares. Tan sencillo y tan complejo.
Al acto no acudieron ediles del PP ni de Ilicitanos por Elche (que habían sido invitados, según Esther Díez, edil de Transparencia), aunque sí todos los de Ciudadanos, el Partido de Elche, Compromís per Elx y el PSOE casi al completo. Presidió el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, quien señaló que el compromiso se sitúa más bien en el ámbito del autocontrol y de retrato público que de la obligación, porque no se puede exigir jurídicamente el cumplimiento de las normas que contiene el código. Eso sí, se expone quien lo firma al reproche de los ciudadanos si lo incumple: «Se trata de incrementar la responsabilidad política, de estar sometidos no solo moralmente sino también a un mayor escrutinio de otros partidos, de los medios de comunicación y de los ciudadanos en general».
El codigo contiene medio centenar de artículos, de los que 36 son mandamientos concretos. Algunos más ambiguos que otros. Entre los que han levantado más polémica está el artículo 11, que proclama la aconfesionalidad. Ni prohibe ni concreta del todo, sino que deja margen a la interpretación. Las personas sujetas al código, dice, «no estarán obligadas en ningún caso a participar en actos religiosos en la condición de su cargo. Su asistencia será a título individual, en ejercicio del derecho de libertad religiosa». A renglón seguido concreta: «Procurarán que las instituciones o corporaciones a las que pertenecen se abstengan, corporativamente, de participar en las presidencias de actos religiosos. Solo podrán participar en estos actos en caso de que, por razones históricamente consolidadas, tengan un valor cultural asumido comunitariamente que trascienda su origen religioso». Precisamente el concejal socialista de Fiestas, José Pérez, no estuvo ayer en el acto de la firma. En cuanto a la lengua propia, los firmantes asumen un compromiso «con el proceso de normalización del valenciano, con el objetivo de extender su uso y su conocimiento, y la finalidad más amplia de contribuir a la toma de conciencia colectiva sobre la promoción del valenciano en todos los ámbitos sociales y niveles de intervención ciudadana». Uno detrás de otro, los compromisos siguen por la sostenibilidad y responsabilidad social o por la capacidad científico-técnica. Un ejemplo que puso ayer el conseller: no negar el cambio climático.
Secciones
Las directrices del buen gobierno se articulan en varias secciones. La primera, la de los «valores democráticos o sociales», retoma desde el respeto a los derechos humanos a la igualdad y no discriminación o a la intimidad, honor y propia imagen. En otro apartado se sitúan la «integridad y ejemplaridad», que lleva a observar al máximo las incompatibilidades, a desterrar el nepotismo, el trato de favor a expedientes de amigos o familiares, a no agilizar trámites por interés particular, o a abstenerse de utilizar la comunicación publicitaria institucional con fines partidistas o como elemento propagandístico personal. El compromiso de relación transparente con los medios de comunicación y la rendición de cuentas están entre los mandamientos que se asumen, así como cuidar de que los reconocimientos y nombramientos honoríficos que deciden recaigan en personas con compromiso público relevante, añadiendo la promesa de proceder a la retirada de reconocimientos otorgados a personas condenadas penalmente por sentencia firme.
En un tercer apartado se describe la sobriedad, que restringe el uso de recursos públicos o la austeridad en los desplazamientos por motivo del cargo en coche oficial (en ningún caso permitidos para fines privados). Los gastos derivados del ejercicio del cargo, los regalos que se reciban y el veto al uso de tarjetas de crédito asociadas a cuentas de la institución son otros de los compromisos. En un cuarto apartado, al «impulso del gobierno abierto y la buena administración», entre otras cuestiones en lo referente a la transparencia de la actividad pública o en el trato y relación con el personal de las instituciones a las que representan, así como a facilitar información al gobierno autonómico. El alcalde, Carlos González, valoró que se trata de un antídoto que imponga el «imperio de la ética» contra el descrédito de la política.
