Una cruzada contra el ruido que sigue adelante

La juez de instrucción rechaza en un auto sobreseer la causa contra el edil Luis Ángel Mateo por la querella de un vecino por prevaricación administrativa

11.10.2016 | 00:44

La conciliación entre el derecho al descanso de los vecinos y el funcionamiento de locales de ocio en zonas habitadas está lejos de haber encajado a la perfección en Elche. Una de las historias en las que tener bajo casa un pub que no respeta los límites acústicos llega a afectar sobremanera a la vida cotididana de una familia está sobre la mesa de la magistrada de Instrucción 2 de Elche. La causa se compone de más de mil folios, sigue en investigación y recientemente ha tenido un nuevo avance.

La titular del juzgado dictó el 27 de septiembre un auto en el que decide seguir adelante en la instrucción por la que está siendo investigado por prevaricación administrativa el concejal del PP y exresponsable de Aperturas Luis Ángel Mateo, en una resolución en la que rechaza la petición de su defensa de que se sobresea el asunto y en el que también resuelve en contra de la petición del querellante particular, que había solicitado que se incluyera como investigados (el término que sustituye a «imputado» tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) a los dos técnicos municipales que intervinieron en el expediente. La cuestión nace de una querella de 2014, pero el asunto se remonta varios años atrás.

Según ha venido exponiendo la defensa del querellante, José Tormo (a la sazón miembro de la Plataforma de Afectados por el Ruido de Elche), el «quid» de la cuestión es un decreto que firmó el concejal Mateo en 2011, en el que dejaba sin efecto una resolución administrativa anterior que clausuraba un establecimiento de ocio por sucesivas mediciones acústicas que excedían el límite legal. Los propios vecinos tuvieron que costearse alguna de esas pruebas, que arrojaron resultados de hasta 40 decibelios en su habitación cuando el máximo eran 25, aseguran. Pero la clausura había sido recurrida por los responsables del local, y el edil la habría anulado en cuestión de días –el 8 de febrero– sin ningún fundamento técnico. El vecino recurrió contra esa decisión pero nunca recibió respuesta, sostiene, y por ello ha tenido que llegar progresivamente a los juzgados hasta el ejercicio de la acción penal. Por el camino, la familia cuenta que tuvo que marcharse de casa y medicarse, por lo que durante la instrucción se evaluarán en su caso las lesiones por el médico forense.

La instrucción no está finalizada aún y no ha llegado el momento de que los hechos puedan juzgarse. Lo que el auto resuelve ahora es «no haber lugar a sobreseer la presente causa» respecto al edil y «no haber lugar a dirigir la acción penal» frente a los técnicos que han declarado como testigos y que la acusación quería que pasaran a ser investigados.

La jueza señala en el auto que debe continuar la causa contra el edil «al estimarse el máximo responsable en el mantenimiento de la actividad empresarial llevado a cabo por las distintas mercantiles que explotaban el pub, que durante años estuvieron utilizando aparatos de música a una intensidad superior a la permitida, provocando unas emisiones acústicas incardinables en un presunto delito de contaminación ambiental, todo ello con la pasividad, laxitud y dejación de funciones del Ayuntamiento», tal y como relata la letrada de Tormo, Manuela Navarro.

Recurso
El plazo para recurrir acabó el viernes y tanto el edil como el querellante particular han presentado sendos recursos de reforma, en sentidos opuestos. Mateo sigue insistiendo en que se decrete el sobreseimiento libre por no existir delito. A consultas de este diario, expresó que está «totalmente tranquilo» porque las decisiones que fue tomando «son las resoluciones que proponían los técnicos y yo firmaba». Así, matizó que «los técnicos declararon como testigos, no figuraban como querellados, y la jueza ha decidido que el proceso sigue porque querrá escuchar más declaraciones».

En el caso del querellante, tal y como expone la letrada Manuela Navarro, la petición es que se incluya a los técnicos como presuntos responsables de una prevaricación especial medioambiental. Los propietarios de dos sociedades limitadas que regentaron el local también figuran como querellados por el delito de contaminación acústica y lesiones psíquicas causadas por el constante ruido que generaba la música.

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