Técnicos de la Dirección Territorial de Educación dejaron ayer prácticamente colocada una verja de seguridad con la que se va a perimetrar toda la fachada del IES Torrellano. Exactamente la están instalando a cinco metros del edificio, con el fin de que los estudiantes de este centro estén completamente seguros, ya que el ladrillo caravista que recubre este bloque presenta grietas y se teme porque se pueda producir algún desprendimiento. Asimismo, hoy tienen previsto cubrir las entradas con una especie de techado.

Con la colocación de este vallado de hierro, que sustituye a uno improvisado y más endeble que instaló el propio instituto de manera provisional, se cumple una de las promesas que la directora territorial, Tudi Torró, realizó a toda la comunidad educativa. Unas medidas a corto plazo hasta que se ejecute la obra de reparación del edificio. Sin embargo, este acto de buena fe no ha parecido contentar del todo a buena parte de la Asociación de Padres, que ha decidido mantener las concentraciones que, desde hace dos semanas, realiza cada martes en la puerta del instituto en señal de protesta.

El presidente del Ampa, Juan Francisco Moragues, reseñó a este diario que ayer se generó cierto debate entre el colectivo de los padres sobre si seguir realizando o no estas manifestaciones reivindicativas. «Algunos hemos valorado que la Conselleria, al fin, se ha puesto las pilas», dijo. No obstante, otro padre asociado, Pablo Beneyto, manifestó que «tiene sentido que sigamos saliendo a protestar hasta que la Generalitat no cumpla otra de nuestras reivindicaciones, que se basa en que nos den un informe técnico que nos garantice que, con esta valla, no existe ningún tipo de peligro para nuestros hijos». Beneyto añadió que en la próxima reunión del día 10 de todos los padres abordarán este asunto y decidirán si siguen o no con las concentraciones. El presidente del Ampa, Juan Francisco Moragues, añadió que desde la Dirección Territorial les han informado que, a lo largo de la semana, visitará el instituto «un técnico de la empresa que construyó el edifico -FCC- experto en caravista».

Este trabajador, según Moragues, tendrá que comprobar si «el problema que presenta la fachada es lo que en su sector se denomina como vicio oculto de la obra o no. En el caso de que así sea, nos dicen que tendría que hacerse cargo la constructora, porque, tal y como nos han explicado, la garantía finaliza a los diez años pero si se da un problema de estas características, se alarga ese periodo hasta 15».

El representante de los padres también manifestó que, no obstante, «Conselleria nos ha asegurado que si la constructora no corre con el gasto de la reparación, lo hará ella». Una cantidad que, según las primeras estimaciones de la Generalitat, ascendería a 250.000 euros.