La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) levantó ayer la suspensión cautelar de la Orden 21/2016 de 10 de junio de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se regula la concesión de las becas para la realización de estudios en las Universidades de la Comunidad Valenciana, y que se encontraba paralizada tras un recurso interpuesto por la Universidad Católica de Valencia (UCV). A la espera de estas ayudas estaban 11.700 solicitudes.
Esta medida desbloquea las becas complementarias de la Conselleria de Educación que están dotadas con 3 millones de euros. En la provincia se estima que podrían beneficiarse de ellas 500 alumnos de la Universidad Alicante , una vez se resuelvan todas las solicitudes presentadas durante el pasado curso. El viernes pasado se levantó la suspensión sobre las becas de no abandono, para alumnos que están finalizando sus estudios.
Nada más conocer la decisión judicial, sobre la que cabe recurso, el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, expresó la satisfacción de su departamento. Marzà dijo que «estamos muy contentos porque podremos dar salida a una necesidad básica, como es poder estudiar en la Universidad pública sin ninguna exclusión económica».
«Estamos muy contentos porque, por fin, podremos adjudicar las becas complementarias que habían solicitado más de 11.700 alumnos y que lo habían hecho porque las necesitan para poder estudiar», matizó el conseller.
Con esta decisión, la sala estima el recurso de la Abogacía de la Generalitat, en contra del criterio del fiscal, quien solicitaba el mantenimiento de la suspensión cautelar de la orden acordada por el TSJCV el pasado mes de agosto.
La Universidad Católica de Valencia solicitó en agosto la suspensión cautelar de dicha orden por entender que impedía el acceso al sistema de becas en el curso 2016-2017 de los estudiantes de universidades privadas. En ese momento, el TSJCV acordó la medida cautelar al destacar el «carácter irreversible del daño que puede producirse la aplicación de la norma por la exclusión de alumnos amparados por el sistema de becas vigente».
Por su parte, la Abogacía de la Generalitat recurrió esta decisión al entender que «no se dan ninguna de las condiciones que han determinado la adopción de la resolución impugnada, ya que se trata de becas relativas al curso 2015-16, es decir, que se trata de cantidades económicas ya satisfechas por los interesados».
Del mismo modo, Educación argumentó que en la orden «no se afectan los derechos fundamentales invocados y con su paralización se produce un grave perjuicio al interés general».
Finalmente, la sala estimó el recurso interpuesto por la Abogacía de la Generalitat y levantó la suspensión de la orden al entender que la primera de las alegaciones esgrimidas por el centro universitario, «incide directamente en el fondo del asunto, por lo que excede del ámbito de esta pieza de medidas cautelares».
Del mismo modo, en cuanto a la segunda alegación, la que dice que la resolución de Conselleria contraviene la normativa vigente en materia de becas, la sala explicó que «es una cuestión de legalidad ordinaria que excede no ya del ámbito de esta pieza separada, sino de este procedimiento en su totalidad».
Sobre la tercera alegación que habla de una quiebra del sistema de becas aplicado durante años, la sala estima que «se trata de nuevo de una cuestión de legalidad ordinaria respecto a la que es aplicable el mismo reproche del motivo anterior». Y, por último, sobre la imposibilidad para los alumnos de esta Universidad de continuar con sus estudios en el centro elegido, dijo que «se trata de una invocación cuya generalidad impide que pueda ser acogida puesto que se trata de una cuestión que depende de muchas circunstancias».
