En cruce de demandas. Así ha acabado el desencuentro entre la actual cúpula de la Institución Ferial Alicantina (IFA) y el que hasta hace cuatro meses era su director general, Antonio Galvañ. Desde el principio, los mandatarios de la nueva etapa no ocultaron las dudas que les generaba la gestión anterior, como tampoco lo hizo el Consell, y más después de que una primera revisión de toda la documentación sacara a la luz el pago de 57.000 euros sin justificar cargados en la visa de la entidad o el abono de 1.300 euros en multas, también con cargo a IFA. Galvañ, por su parte, tampoco escondió su intención de impugnar su despido, que consideraba improcedente. Alegaba que su contrato no era de personal de alta dirección, sino ordinario. Llegaron así los burofax por parte de la feria reclamando una justificación de los gastos y el abono de las sanciones de tráfico, y una reclamación previa de impugnación del despido por parte de Galvañ. Una y otra maniobra sirvieron poco más que para cubrirse las espaldas y acabar dando el paso que, finalmente, han dado. De un lado, IFA ya está preparando una demanda civil para reclamar algo más de 66.000 euros. De otro, el exdirector general también ha movido ficha, y ha presentado otra demanda en el juzgado por su despido. Una y otra cuestión así se pusieron de manifiesto ayer en el primer comité de dirección que celebraba IFA tras el verano.
De entrada, la demanda que prepara la entidad ferial aún se está preparando, aunque la intención es que, en cuestión de días, y una vez entregada toda la documentación a los abogados, pueda ser una realidad. Ya a mitad de junio, la cúpula había reclamado vía burofax que devolviera los 1.300 euros que abonó la institución por multas de tráfico al coche que el propio Galvañ conducía; y que justificara o, de no ser posible, reintegrara los 57.000 euros que cargó en la Visa de la feria y otros 8.000 euros retirados en cajeros o por anticipios de caja. Daba de plazo todo el mes, o amagaba con ir a los tribunales. Nada. Sin embargo, con la llegada del verano, todo quedó en punto muerto.
Ha sido ahora, con el inicio del nuevo curso, y justo coincidiendo con la celebración del primer comité de dirección de ayer, cuando los actuales dirigentes pusieron las cartas sobre la mesa y anunciaron que la amenaza de ir a los juzgados ya no era una amenaza y que iban a pasar a la acción. Ni una voz en contra, y mucho menos por parte de los empresarios de la anterior etapa heredados por el nuevo comité. No le perdonan a Antonio Galvañ que, en su huida hacia adelante, haya intentado hacer copartícipe de la gestión a su anterior comité, y más cuando para algunos todo lo que está saliendo en los últimos meses es, cuando menos, indignante, según confesaba alguno de ellos a la salida de la reunión. De momento, eso sí, se irá por la vía civil. Con la penal, ya se verá qué pasa.
Sea como sea, no fue ésta la única cuestión que se puso sobre la mesa. También se informó de la demanda interpuesta por Antonio Galvañ, que, de ganarla, le supondría pasar de los 30.000 euros que cobró por su salida a algo más de 80.000. Tampoco aquí hubo fisuras. El actual tridente directivo -ese compuesto por el actual presidente, José Luis Gisbert; el vicepresidente, Antonio Martínez; y la directora general, Esther Guilabert- contó con el plácet de todos para llegar hasta el final. Sostienen desde IFA, en este sentido, que, pese a que no se haya encontrado ni rastro del contrato, tanto estatutariamente como de facto Galvañ ejerció como alto directivo, y que, como tal, formulaba y firmaba las cuentas, y tenía funciones en otros ámbitos como el contractual o el laboral.
Ahora habrá que ver qué es lo que pasa en uno y otro caso. Mientras tanto, el juicio por el despido se ha señalado para abril.
